Apenas dos días después de que la normativa nacional entrara en vigencia, la Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender de manera preventiva su implementación por un plazo de 60 días. La medida cautelar fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio “de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”. En una conversación radial de este lunes, Pascual expuso: “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”.
“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, añadió. El eje central de la resolución judicial radica en la falta de infraestructura y de recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarán al sistema penal.
La nueva legislación disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que permite procesar judicialmente a jóvenes de esa franja etaria por los delitos tipificados en el Código Penal. Pascual aclaró que no está en desacuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad, pero advirtió sobre el riesgo de que los adolescentes cumplan sus penas en condiciones que potencien su agresividad. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
Además, la magistrada aludió a que en la provincia de Buenos Aires, por la ley procesal vigente, los jueces de garantías ya tienen facultades para privar de libertad a adolescentes de entre 14 y 16 años, y que actualmente hay alrededor de 100 menores de esa franja etaria detenidos en el territorio bonaerense.
El objetivo en esos 60 días es que los poderes del Estado se sienten a acordar quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, apuntó Pascual.
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