Mariano Ríos Artacho, quien hasta junio de 2024 se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue imputado este lunes como jefe de una asociación ilícita dedicada a vaciar cuentas bancarias judiciales. Según la acusación de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, la maniobra se extendió entre 2017 y 2024 y habría permitido sustraer unos 425 millones de pesos, que luego se habrían destinado a inversiones bursátiles y casinos.
El rol del exfiscal
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Ríos Artacho —quien integraba la unidad de Delitos Económicos del MPA— era quien definía qué cuentas judiciales podían vaciarse y firmaba los oficios necesarios para hacerlo. Se trataba de fondos depositados por orden judicial en concepto de fianzas, cauciones o dinero secuestrado en distintas causas.
Por debajo de él, otros miembros de la organización se habrían ocupado de reclutar prestanombres, retirar el efectivo de los bancos y distribuirlo entre los involucrados.
Un mecanismo para disimular los faltantes
La estructura, según los fiscales, también incluía un método para ocultar los faltantes cuando una causa se acercaba a un juicio abreviado o una probation: en esos casos, el abogado penalista Emilio Barcacia se presentaba en los bancos para depositar dinero en efectivo y recomponer momentáneamente los saldos.
Los demás imputados —Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R.— son señalados como presuntos prestanombres que habrían facilitado sus identidades y cuentas (CBU) para canalizar los fondos.
Cómo se destapó el caso
La investigación se inició luego de que la propia Unidad de Delitos Económicos del MPA detectara una anomalía en una cuenta judicial y diera aviso a las autoridades. El expediente quedó a cargo del fiscal Adrián Spelta, de la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, que según la Fiscalía Regional logró establecer que las maniobras sobre fondos vinculados a causas del MPA se habrían extendido al menos desde 2017 hasta 2024.
El caso tuvo su primer impacto público la semana pasada, cuando Ríos Artacho fue detenido en el marco de una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal en Rosario y en distintas localidades de Córdoba. El operativo terminó con nueve detenidos y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.
Una salida ya cuestionada
Ríos Artacho había dejado de ser fiscal el 25 de junio de 2024, tras una serie de cuestionamientos que ya habían puesto bajo la lupa de la Legislatura santafesina su actuación al frente del área de delitos económicos.
Este nuevo expediente suma una dimensión distinta a los antecedentes que motivaron su salida del MPA: ahora se lo señala como el presunto organizador de una estructura que, según la hipótesis fiscal, tuvo acceso a fondos bajo control judicial y logró retirar y hacer circular cerca de 425 millones de pesos.
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