La Corte Suprema de Justicia convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9 y podría tomar una nueva decisión sobre la Ley de Tierras, apenas días después de un fallo que dejó en pie su derogación, impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
En esta oportunidad, los jueces deberán analizar una medida cautelar, es decir, una decisión provisoria que se dicta mientras se resuelve el fondo de una causa. Si prospera, podría restablecer temporalmente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un tema que impacta en todo el país, incluida la región agropecuaria del sur de Santa Fe.
Quiénes presentaron el reclamo
La causa fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El planteo apunta contra el artículo 154 del DNU 70/2023, el decreto con el que el Gobierno derogó la Ley 26.737. Esa norma fijaba límites a la adquisición y tenencia de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Un trámite a toda velocidad
La rapidez con la que avanzó el expediente llamó la atención. La Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para objetar la incorporación de dos conjueces (jueces de otros tribunales convocados para completar la decisión) y habilitó días y horas inhábiles para no frenar el trámite.
Los sorteados fueron Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron intervenir. Su participación fue necesaria porque los tres integrantes actuales del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no lograron una posición común.
La diferencia con el fallo anterior
El nuevo expediente se vincula con la causa que había presentado el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Sin embargo, las organizaciones que impulsan esta demanda sostienen que tienen fundamentos jurídicos distintos, vinculados al ambiente, la biodiversidad y los derechos territoriales.
La semana pasada, la Corte rechazó el planteo del CECIM al considerar que la entidad no estaba legitimada para presentarlo. Luego, el tribunal aclaró que no se había pronunciado sobre la constitucionalidad de la derogación, sino solo sobre una cuestión procesal.
Qué puede pasar
Hay dos caminos posibles: que la Corte devuelva el expediente a un tribunal inferior para que evalúe la cautelar, o que resuelva directamente el planteo.
Si la medida es concedida, los límites de la Ley 26.737 volverían a regir de forma provisoria mientras avanza la discusión de fondo. Así, el máximo tribunal podría modificar en cuestión de días el escenario jurídico sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.
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