El juez federal Carlos Vera Barros ordenó el decomiso de los bienes de Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte, el exjefe de la barra brava de Rosario Central asesinado en 2024, a quien un grupo de cuatro fiscales federales investigaba por lavado de activos. La medida alcanza una casa en la zona norte de Rosario, una camioneta Ford Ranger y la participación que llegó a tener en seis sociedades comerciales.
Se trata de un decomiso sin condena, una herramienta que permite al Estado quedarse con bienes de origen ilícito aunque no haya una sentencia penal. En este caso, Bracamonte no pudo ser juzgado porque fue asesinado a balazos el 9 de noviembre de 2024, a metros del Gigante de Arroyito.
Quiénes pidieron la medida
El pedido lo hicieron los fiscales Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); Federico Reynares Solari, del Área de Casos Complejos, y Juan Argibay Molina y Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La solicitud contaba además con el aval de la Unidad de Información Financiera (UIF).
De dónde salía el dinero
En su resolución, el juez dio por acreditado que el dinero con el que Bracamonte compró sus bienes provenía de extorsiones y presiones sistemáticas a empresas contratistas de la construcción del cordón industrial. A eso se sumaban otros delitos vinculados a su rol como jefe de la barra brava de Central.
Para Vera Barros, quedó probado que había una gran desproporción entre los ingresos que Bracamonte declaraba formalmente y el patrimonio real que había acumulado. El magistrado también consideró demostrado el uso de testaferros, es decir, personas que figuraban como dueñas de sociedades y bienes que en realidad le pertenecían a él.
Qué bienes se decomisaron
El fallo ordenó el decomiso de la Ford Ranger, de una casa ubicada en Álvarez Thomas al 1800 y de la participación de Bracamonte en las sociedades ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
En el proceso también intervino una defensora de menores, en representación de los herederos menores de edad de Bracamonte. Según consta en la causa, no presentaron pedidos ni se opusieron a la medida.
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