El gobierno de Santa Fe pondrá en marcha un plan para reducir el impacto del endeudamiento sobre los ingresos de los trabajadores, con foco inicial en 12 mil empleados estatales y 7 mil jubilados que actualmente sufren descuentos superiores al 25% de sus salarios.
Además, mediante acuerdos con bancos y entidades empresarias, la iniciativa apunta a mejorar la situación de otros 50 mil trabajadores del sector privado. En total, el programa está dirigido a personas que perciben ingresos de hasta $1,5 millones mensuales, ya sea por nivel salarial o por el peso de los descuentos.
El plan, denominado oficialmente “protección del salario”, contempla distintas herramientas: ordenamiento del sistema de préstamos con código de descuento, refinanciación estatal, participación de mutuales sindicales y acuerdos con el sector empresarial.
El aumento del endeudamiento familiar, en medio de la crisis económica, se consolidó como una de las principales preocupaciones de los hogares argentinos. La morosidad bancaria solo refleja una parte del problema, que también incluye créditos tomados en entidades no bancarias e incluso en circuitos informales.
En el ámbito estatal santafesino, la situación cobró visibilidad durante las negociaciones paritarias, especialmente a partir del conflicto policial. Allí se evidenció que muchos trabajadores veían fuertemente reducido su ingreso de bolsillo por descuentos vinculados a deudas.
Según datos oficiales, el 33% de los empleados públicos (unos 35 mil) tiene créditos activos mediante códigos de descuento. De ese total, 12 mil trabajadores (9% de la planta) sufren quitas superiores al 25% del salario, mientras que el límite legal actual es del 50%. A esto se suman 7 mil jubilados en condiciones similares. En algunos casos, las deudas equivalen a hasta cinco sueldos.
Si bien solo un 10% de los agentes está endeudado con el Banco de Santa Fe, la mayor parte del financiamiento proviene de mutuales y asociaciones, como la Red Mutual y entidades sindicales. Las condiciones varían, pero existen casos donde el Costo Financiero Total alcanza el 120% anual, considerando intereses, cuotas sociales y gastos administrativos.
Medidas del plan
El programa incluye varias líneas de acción:
- Reordenamiento del sistema de códigos de descuento: se exigirá un reempadronamiento de entidades, nuevos requisitos y balances actualizados.
- Reducción del tope de descuento del 50% al 25% del salario.
- Las entidades que quieran seguir operando deberán ofrecer refinanciaciones con tasas cercanas al 60% anual, en línea con el Banco Nación.
- Quienes no adhieran quedarán fuera del sistema para nuevos créditos.
Para los trabajadores cuyos acreedores no ofrezcan refinanciación, el Estado brindará una alternativa: “préstamos a tasa cero del Estado provincial por la diferencia entre el límite del 25% y la proporción del salario por la que estén endeudados”.
Estos créditos se devolverán mediante descuentos en el medio aguinaldo, que no está alcanzado por el sistema actual. Durante ese período, el beneficiario no podrá tomar nuevos préstamos.
En paralelo, se espera que las mutuales sindicales participen activamente ofreciendo refinanciaciones dentro del nuevo tope, lo que permitiría a los trabajadores mantener acceso al crédito bajo condiciones más sostenibles.
Otra opción será la refinanciación a través del Banco de Santa Fe, con la llamada: “línea de bandera”, a 60 meses, con un tope del 25% de descuento y tasas más bajas que el promedio del mercado.
El plan también contempla medidas para trabajadores privados y autónomos. Entre ellas:
- Extensión de líneas de refinanciación del Banco de Santa Fe.
- Acuerdos con bancos públicos y privados que ya operan con tasas subsidiadas.
- Mesas de diálogo con empresas para incentivar la refinanciación de deudas de empleados.
Como incentivo, las empresas podrán acceder a líneas de capital de trabajo con apoyo estatal.
Además, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo redireccionará fondos del Banco Solidario para: “refinanciamiento de deudas de sectores con ingresos más irregulares”.
Santa Fe se convertirá en la segunda provincia, después de Santa Cruz, en implementar un programa de este tipo. Se formalizará mediante decreto y se espera que entre en vigencia en mayo. En un escenario extremo, donde el Estado deba cubrir la refinanciación total de estatales y jubilados, el costo inicial ascendería a: $8 mil millones en seis meses, con recuperación posterior.
Contexto económico
La iniciativa surge en un contexto donde las provincias enfrentan las consecuencias de una economía nacional que, según advierten desde la administración santafesina, “no acierta a reactivar la economía ni a frenar la inflación”.
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