El debate oral por la muerte de Diego Maradona, que ya había sido anulado en 2025 tras el escándalo del documental filmado en secreto por la exjueza Julieta Makintach, vuelve a tambalear. Esta vez el problema recae sobre la Junta Médica, el informe pericial que la Fiscalía considera su prueba más sólida contra los siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual, y que concluyó que la muerte del exfutbolista pudo haberse evitado.
El conflicto surgió cuando Nicolás D’Albora, abogado de Nancy Forlini —la coordinadora de la prepaga imputada—, alertó que el expediente incluye estudios médicos de entre 2012 y 2015 que en realidad pertenecerían al padre de Maradona y no al Diez.
Según se explicó, el defensor detectó la irregularidad durante el testimonio del nefrólogo Hernán Trimarchi, quien había diagnosticado una enfermedad renal crónica basándose en análisis de laboratorio de esos años —varios de ellos correspondientes a 2015, cuando Maradona se encontraba en Dubái—. Por eso, D’Albora pidió al tribunal que se oficie a la prepaga para verificar el número de afiliado de esos estudios y también que se solicite el registro migratorio para confirmar si el exdirector técnico estaba realmente en el país en ese momento.
Los estudios habían sido aportados por la propia prepaga al inicio de la causa, cuando Forlini todavía no estaba imputada, y el error pasó inadvertido tanto para los fiscales como para los peritos. Lo más delicado es que la confusión se descubrió casi al final del juicio, justo mientras declaraban los peritos de la Junta Médica, lo que obliga ahora a determinar cuántos de los estudios evaluados corresponden realmente a Maradona y cuántos a su padre, fallecido en 2015.
El hallazgo generó revuelo entre las doce partes del proceso, que retoma las audiencias este jueves en los tribunales de San Isidro. Las defensas no descartan volver a pedir la nulidad del juicio: Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, calificó la situación como inédita y de difícil resolución, mientras que Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, sostuvo que el error es gravísimo porque pone en entredicho la validez de la Junta Médica.
Por su parte, la Fiscalía —representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren— minimizó el impacto del error, argumentando que afecta a pocos estudios y todos de tipo bioquímico, por lo que no comprometería la teoría del caso. Además, cuestionaron el momento elegido por la defensa de Forlini para exponer el problema, cerca del cierre del debate, e insinuaron que detrás de esto podrían existir otras irregularidades.
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