Este miércoles, por decisión mayoritaria, los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenaron al ex capitán de navío Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Quien fuera comandante de la Fuerza de Submarinos fue hallado responsable de dos delitos —estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes, e incumplimiento de los deberes de funcionario público—, en línea con lo que había pedido la fiscalía.
Los demás imputados —el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa— fueron absueltos por unanimidad. El tribunal estuvo compuesto por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.
El veredicto se conoció después de las 12.30 y puso fin a un juicio que había comenzado el 3 de marzo, con más de 30 audiencias en las que declararon expertos en submarinos, ex comandantes y oficiales y suboficiales retirados de la Armada.
Los fundamentos del fallo se conocerán más adelante, dentro de los plazos que establece el Código Procesal. Una vez publicados, las partes podrán presentar apelaciones ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Uno de los puntos centrales que deberá abordar la sentencia es la relación entre los incumplimientos atribuidos a Villamide y el desenlace de la tragedia, cuya secuencia exacta —desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión— sigue sin estar esclarecida.
Cabe recordar que Villamide ya había sido dado de baja de la Armada tras un sumario disciplinario del Estado Mayor Conjunto. En ese proceso, un Consejo de Guerra lo había sancionado, entre otras cosas, por no haber ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie luego de que se reportara el ingreso de agua en el tanque de baterías.
Un juicio con casi 90 testigos
A lo largo del proceso declararon cerca de 90 testigos, cuyo objetivo era reconstruir el estado material de la nave en su última operación —que combinaba una etapa de adiestramiento con otra de patrullaje del mar argentino—. Se revisó toda la documentación disponible sobre novedades técnicas y tareas pendientes, buscando establecer si estas habían afectado la seguridad del buque.
Según los peritajes incorporados a la causa y el testimonio de la mayoría de los declarantes, las tareas de mantenimiento aún no realizadas —como la prueba de máxima profundidad, la de presión del sistema de refrigeración principal, y el ingreso a dique seco para el carenado, cuyo plazo ya estaba vencido— no representaban un impedimento para que el submarino operara. Las defensas remarcaron, además, que el propio comandante del buque había decidido zarpar tras superar las pruebas realizadas en las 48 horas anteriores.
Frente a esta postura, la fiscalía —liderada por Gastón Pruzán— sostuvo que una serie de incumplimientos había elevado de forma indebida el riesgo de la misión, y que ese mayor riesgo contribuyó tanto al naufragio como a la muerte de los 44 integrantes de la dotación (43 hombres y una mujer). Con ese argumento, el Ministerio Público Fiscal solicitó cinco años de prisión para Villamide y para López Mazzeo —entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento, el cargo operativo más alto de la fuerza—; cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y tres años y seis meses para Correa, ex jefe de Operaciones del mismo comando.
Por su parte, el querellante Luis Tagliapietra —padre de uno de los tripulantes— y las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias habían pedido penas de prisión efectiva para los cuatro acusados. El pedido más duro fue el de Tagliapietra, quien solicitó ocho años de cárcel para Villamide, al entender que los delitos debían considerarse en concurso real y no ideal. No obstante, ambos alegatos quedaron sin efecto porque excedían los límites fijados por la acusación fiscal, ya que ninguna de las querellas había presentado en tiempo y forma su propio requerimiento de elevación a juicio.
Cómo se llegó al juicio
El debate se desarrolló en Río Gallegos, luego de que la causa fuera instruida en Caleta Olivia y revisada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En una etapa inicial de la investigación, llegaron a estar imputados siete oficiales de la Armada. Finalmente, los fiscales de instrucción Lucas Colla y María Garmendia —con el aval posterior de la jueza Marta Yáñez— elevaron la causa a juicio oral con cuatro acusados, cuya situación quedó resuelta este miércoles.
Lo último que dijo Villamide
Antes de conocerse el veredicto, Villamide volvió a declararse inocente y cuestionó que la fiscalía no hubiera logrado precisar qué conducta concreta se le imputaba. «Al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio», afirmó, y agregó: «No me han podido indicar qué es lo que hice mal ni cuál fue el incumplimiento de mis deberes que ocasionó la pérdida del control del buque».
El ex comandante también insistió en que aún no hay una explicación definitiva sobre cómo ocurrió la tragedia: «Al día de hoy no sabemos por qué se perdió el buque, pero, sin embargo, nos acusan», dijo ante los jueces. Recordó que declaró en tres oportunidades durante la instrucción y que siempre estuvo dispuesto a responder preguntas, aunque lamentó que la fiscalía nunca le formulara consultas puntuales sobre su desempeño: «Declaré tres veces ante este tribunal. Nunca me preguntaron nada, pero sí me acusan».
Villamide sostuvo que el juicio había trascendido su responsabilidad individual para alcanzar a toda la institución: «Esto es un juicio a la Armada», dijo, reivindicando la formación de los submarinistas y los procedimientos seguidos durante la misión. También habló del impacto personal que le generó la causa, mencionando su destitución, la pérdida de su grado, la imposibilidad de volver a vestir el uniforme y el sufrimiento de su familia.
Finalmente, rindió homenaje a los 44 tripulantes fallecidos: «Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo de embarcarse e irse a inmersión. Todo lo contrario: siempre estuvieron orgullosos de lo que hacían». Pidió al tribunal que basara su resolución en los testimonios escuchados durante el juicio y cerró su alocución afirmando que el capitán Pedro Fernández y su tripulación «honraron las más altas tradiciones brownianas y de la Armada Argentina».
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