Pese a que persisten las dudas en varios despachos, los jefes de los bloques oficialistas y opositores dialoguistas del Senado acordaron este mediodía convocar a sesión para el jueves 16, con el objetivo de avanzar en la aprobación de la ley de propiedad privada. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, cuenta con dictamen desde hace semanas, aunque atravesó modificaciones adicionales que dieron lugar a 13 nuevos borradores.
La decisión se tomó en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada, en sus oficinas, por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien manifestó su disconformidad con el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros incluido en la iniciativa que impulsa la Casa Rosada.
La sesión de la próxima semana contaría además con el respaldo necesario para tratar un extenso paquete de pliegos judiciales —que despierta interés generalizado y cierta urgencia por acelerarlos— y, si se dan las condiciones, también los ascensos diplomáticos que permanecen frenados desde hace meses, situación que generó tensión en la Cancillería conducida por Pablo Quirno.
El clima tras el encuentro de Labor Parlamentaria no fue el mejor. Entre los presentes estuvieron la titular de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); la legisladora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires); los presidentes de la UCR y el PRO, Eduardo Vischi (Corrientes) y Martín Goerling (Misiones), además de representantes de otras provincias.
Fue la propia Bullrich quien confirmó el cronograma para la eventual sesión del 16. La legisladora porteña también adelantó que el 6 de agosto podría tratarse un proyecto que endurece las penas ante denuncias falsas —una iniciativa de Carolina Losada que, según muchos, generará fuertes tensiones en el recinto y que desde hace tiempo se evita debatir— junto con la llamada ley “Hojarasca”, orientada a eliminar normativas en desuso.
Esta última es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien también es el principal impulsor de la ley de propiedad privada y se presentó ante el Senado para defenderla, donde —de manera llamativa— recibió pocas consultas de los distintos bloques.
El proyecto, que aborda temas como expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, fue recortado por los propios aliados en el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, en mayo pasado. Bullrich impulsó entonces un dictamen con múltiples cambios que no encontraron mayor resistencia, y a partir de ahí se sucedieron al menos doce borradores intercambiados entre los bloques hasta llegar a un texto definitivo. Aun así, hay quienes todavía cuestionan la validez de esta decimotercera versión.
Antes de obtener dictamen, la ley sufrió un recorte significativo con la eliminación completa del capítulo vinculado a barrios populares. Sin embargo, en las últimas semanas surgió un conflicto de mayor sensibilidad: la venta de tierras a extranjeros. Según el último borrador al que accedió este medio, se establece la prohibición de que Estados extranjeros adquieran tierras rurales.
Asimismo, se prevé una restricción para que empresas con participación estatal extranjera —cualquiera sea su forma jurídica— compren tierras rurales, salvo que cuenten con autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
Ante la prensa acreditada en el Senado, Bullrich admitió que el resto del extenso temario legislativo continúa demorado, con distintos grados de avance según cada proyecto, y expresó su expectativa de llegar a septiembre con la reforma política, que contempla la derogación o suspensión de las PASO. Los bloques dialoguistas, sin embargo, no comparten ese optimismo: consideran que ese debate recién podría darse en octubre o noviembre, como escenario más temprano. Mientras tanto, la exministra de Seguridad busca acelerar el tratamiento del proyecto de salud mental, aunque el consenso amplio que se necesita todavía parece lejano.
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