Tres hombres de Casilda reconocieron su responsabilidad por haber integrado, entre 2018 y 2024, una asociación ilícita dedicada a delitos fiscales, a través de la cual operaron una red de 150 usinas destinadas a la emisión de casi 40.000 facturas electrónicas falsas por un total de 10 mil millones de pesos. Esta maniobra permitió generar un crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 2 mil millones de pesos, según informó el portal fiscales.gob.ar.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de Rosario, actuando de forma unipersonal a cargo del juez Osvaldo Facciano, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las defensas de los tres acusados y los fiscales federales Federico Reynares Solari, Ignacio Falconi y María Virginia Sosa.
Marcelo Frontini y Gabriel Acosta recibieron una condena de cuatro años de prisión al ser hallados autores del delito de asociación ilícita tributaria. Por su parte, el contador público Guillermo Pigozzi fue calificado como partícipe secundario y se le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, además de una inhabilitación especial de seis años para el ejercicio de su profesión.
En el momento de dictar sentencia, el juez Facciano dispuso el decomiso de un automóvil Audi A4, una camioneta Ford Ranger Limited, la suma de $1.318.000 y varios dispositivos electrónicos utilizados para almacenar información y comunicarse.
La “usina de papel”
Esta organización delictiva, conocida públicamente como “la banda de los contadores” debido a la profesión de uno de sus integrantes, operaba fundamentalmente en las localidades de Casilda y Sanford. De acuerdo con la investigación, el grupo emitió 39.195 comprobantes electrónicos a través de 150 usinas apócrifas, alcanzando un monto neto de $10.948.592.132 durante el período que va del 1° de enero de 2018 al 7 de mayo de 2024.
Estas operaciones derivaron en un crédito fiscal por IVA de $1.652.546.622. A esto se suma que, entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2024, habrían emitido además 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por $997.373.944,11, mediante la creación de otras 9 usinas falsas. En este segundo tramo, el crédito fiscal por IVA llegó a $166.341.748,89, de acuerdo con datos de ARCA.
La causa se hizo pública tras una serie de allanamientos realizados en junio de 2024, que incluyeron intervenciones telefónicas y un extenso trabajo de campo mediante el cual se reunió abundante evidencia. Esa información permitió que la exAFIP Rosario advirtiera que, a través de una dirección IP específica, distintas personas jurídicas llevaban adelante maniobras mediante usinas dedicadas a la emisión masiva de facturas.
Gracias a diversas diligencias ordenadas por la Unidad Fiscal Rosario, se lograron identificar las computadoras vinculadas a los comprobantes electrónicos, reconocer a los responsables y establecer la función que cada uno cumplía dentro de la estructura delictiva.
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