El Gobierno nacional salió hoy a marcar posición frente al nuevo cortocircuito diplomático con Chile, luego de que las declaraciones del brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes generaran malestar en Santiago. Valverde había señalado la necesidad de «hacer presencia ahí porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico».
La respuesta llegó a través de un comunicado de la Cancillería, luego de que Chile anunciara que enviará una nota de protesta formal. El texto argentino evita nombrar a Valverde y se limita a ratificar que «la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984», instrumentos que —remarca— «rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina».
Lo que dijo Valverde
Las declaraciones que dispararon la polémica fueron hechas el domingo pasado en una entrevista con La Fábrica del Podcast. Allí, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea sostuvo: «Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas».
La respuesta chilena fue inmediata. Además del comunicado oficial, un funcionario de peso del propio Gobierno argentino admitió, extraoficialmente, que el militar «se equivocó».
Malvinas, la Antártida y los guiños a Chile
El comunicado de la Cancillería no se quedó solo en la aclaración territorial: sumó una referencia a la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, a los que calificó como «espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro».
También destacó ejemplos concretos de cooperación bilateral con Chile: el reconocimiento mutuo de derechos antárticos, la coadministración de zonas protegidas, los más de 25 años de la Patrulla Antártica Naval Combinada y la propuesta conjunta de un Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.
El cierre del comunicado fue, en los hechos, un pedido de que el episodio no escale: «La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos».
La respuesta de Santiago, más dura
Del lado chileno, el tono fue más frontal. El canciller Francisco Pérez Mackenna hizo «un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos», y fue tajante: «el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno».
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sumó su propia crítica: «Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde el Estrecho de Magallanes».
Un patrón de fricciones que se repite
El episodio no es aislado: se suma a una serie de tensiones bilaterales que se vienen acumulando desde que Javier Milei llegó a la Presidencia.
En abril de 2024, parte de los paneles solares que la Armada Argentina había instalado en el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, en Cabo Espíritu Santo (Tierra del Fuego), quedó unos tres metros dentro de territorio chileno. El entonces presidente Gabriel Boric fue categórico —»O los sacan ellos o lo hacemos nosotros»— y Argentina terminó desmontando la infraestructura en junio de ese año.
Ya en enero de 2026, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, había afirmado que «la boca de Magallanes es argentina», frase que también generó una respuesta diplomática desde Santiago.
El antecedente del Decreto 457/2021
Detrás de estos episodios reiterados hay un antecedente formal: el Decreto 457/2021, firmado durante la gestión de Alberto Fernández, que planteaba fortalecer la «exploración, estudio y control conjunto» del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.
En marzo de 2025, ya con Milei en el poder, el Gobierno argentino reconoció por escrito ante Chile que esa interpretación «constituye un error conforme lo establecen los Tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984», y se comprometió a reemplazar ese decreto por una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.
Formalmente, el Estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena según el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 —este último firmado tras la crisis bilateral de 1978, con mediación de la Santa Sede.
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