El pasado mes de junio, una auditoría interna realizada por la municipalidad de Cañada de Gómez detectó una serie de irregularidades en el manejo de fondos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones local. A partir de la presentación de una denuncia penal y el avance de la investigación, se imputó a tres empleados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
Las tres personas son la por entonces encargada de la Caja, su esposo y una empleada administrativa. Conforme con la acusación fiscal, en ocho meses, cada uno transfirió a sus cuentas personales sumas superiores a los 24 millones de pesos, que posteriormente constataban en los registros como remitidas a afiliados inexistentes o ya fallecidos. En total, se les atribute haber transferido más de 76 millones de pesos.
Según explicaron las autoridades municipales, el desvío se realizaba tomando provecho de una falla técnica del sistema bancario que permitía editar datos al momento de efectuar las transferencias y adjudicar otro número de cuenta a un jubilado o pensionado vivo o fallecido.
El viernes pasado tuvo lugar una audiencia judicial en los tribunales de Cañada de Gómez en la que el fiscal Santiago Tosco les atribuyó a los implicados el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores.
Por su parte, el juez Álvaro Campos admitió una serie de medidas alternativas a la detención acordadas entre la fiscalía y la defensa. Algunas de ellas son: la firma mensual ante la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de salida al país y el ingreso a la Caja de Jubilaciones municipal.
Las identidades de los empleados no fueron difundidas públicamente por la fiscalía ni por el municipio.
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