El Gobierno provincial puso bajo la lupa el funcionamiento de las pistolas Taser tras un grave incidente en el que un vigilador privado de 36 años, identificado como Pablo O., terminó con quemaduras en su cuerpo. El hecho ocurrió mientras el hombre realizaba un reclamo laboral y se encontraba rociado con combustible; al recibir la descarga de un efectivo policial, se originó el foco ígneo.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió este viernes a la polémica y no descartó que el accionar policial fuera el desencadenante: “Es posible que haya sido por el uso de la Taser, pero también existen otros factores”, señaló. Sin embargo, fue tajante al ser consultado sobre la rigurosidad de los manuales de procedimiento: “El protocolo no lo recomienda en este caso”, sentenció, en alusión a la presencia de sustancias inflamables.
La investigación quedó a cargo de la unidad fiscal de Violencia Institucional, que busca determinar si existió un mal uso del armamento o una negligencia por parte del agente interviniente. Para ello, el Ministerio de Seguridad puso a disposición tres elementos probatorios fundamentales:
Cámaras corporales (Bodycams): El registro fílmico del policía que efectuó el disparo.
Registro digital del arma: Un sistema que audita el amperaje descargado segundo a segundo.
Protocolos de uso progresivo de la fuerza: El marco legal que establece las condiciones de disparo (distancia, presencia de agua o materiales combustibles).
«El sistema brinda la posibilidad de una auditoría externa exhaustiva. El fiscal tiene todos los elementos para adjudicar responsabilidades», afirmó Cococcioni.
El funcionario de la gestión de Maximiliano Pullaro reconoció que lo sucedido «prende una luz amarilla» sobre la implementación de estas armas en la provincia. Actualmente, Santa Fe cuenta con apenas 100 unidades destinadas a una prueba piloto, operadas exclusivamente por agentes que recibieron capacitación especial por instructores certificados en Buenos Aires.
Por el momento, el Ministerio audita cada intervención para detectar déficits formativos. El futuro de la expansión del programa Taser en Santa Fe dependerá, en gran medida, de las conclusiones que arroje esta investigación judicial y técnica.
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