La segunda jornada del juicio oral contra el exfiscal de Delitos Económicos de Rosario, Mariano Ríos Artacho, incorporó un elemento inesperado al debate: el propio acusado atribuyó las maniobras por las que está siendo juzgado a la ludopatía que asegura padecer.
Detenido desde la semana pasada, Ríos Artacho declaró ante la Justicia, se quebró durante su exposición y pidió perdón a su familia. También reconoció haber utilizado dinero depositado en cuentas judiciales para fines personales y admitió que durante años administró esos fondos prácticamente como si fueran propios. “Soy ludópata”, dijo el exfuncionario, según trascendió de su declaración. Aseguró que su adicción al juego comenzó en 2013, cuando todavía se desempeñaba como funcionario judicial en la jurisdicción de Melincué.
El reconocimiento se produjo en el marco del juicio que intenta establecer cómo funcionó, entre 2017 y 2024, una estructura a través de la cual se habrían desviado unos 425 millones de pesos correspondientes a cuentas judiciales.
Pero la explicación de Ríos Artacho abrió también una diferencia con la hipótesis central de la acusación. Mientras los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani sostienen que el exfiscal fue el jefe de una asociación ilícita integrada por otras diez personas, el propio acusado negó que haya existido una organización de esas características.
“Yo arrastré al resto”
Según su versión, no hubo una banda organizada para apropiarse sistemáticamente de dinero judicial. Ríos Artacho sostuvo que fue él quien ordenó las maniobras y que, a partir de esas decisiones, terminó involucrando al resto de los imputados.
De esa manera, su declaración no implicó un desconocimiento de los hechos investigados. Por el contrario, reconoció su participación y admitió haber dispuesto de los fondos, pero intentó diferenciar esa conducta de la existencia de una asociación ilícita.
La Fiscalía sostiene una hipótesis diferente. De acuerdo con la investigación, Ríos Artacho habría utilizado su posición como fiscal de Delitos Económicos para disponer de fondos depositados en cuentas judiciales provenientes, entre otros conceptos, de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en procedimientos.
Las maniobras investigadas incluyen, según la acusación, restituciones de dinero a personas que no eran víctimas, fondos incautados durante allanamientos que no habrían sido depositados en las cuentas correspondientes, y movimientos de dinero que terminaron destinados a inversiones o al juego. El perjuicio calculado por los investigadores asciende a 425 millones de pesos.
El juego como explicación
La ludopatía apareció así como uno de los argumentos centrales de la declaración del exfiscal. Ríos Artacho sostuvo que esa adicción estuvo detrás de su comportamiento y que utilizaba los fondos judiciales como una fuente de dinero disponible para sostener su actividad.
La defensa de otro de los acusados, Fabricio Emanuel Romero, también introdujo el problema de la adicción al juego, aunque con una interpretación diferente sobre la causa. Su abogado, Gonzalo Rucci, rechazó que los imputados hayan formado una organización creada deliberadamente para sustraer fondos públicos. Según su planteo, algunos de ellos se conocieron en casinos y compartían la misma problemática.
El defensor describió a los acusados como personas afectadas por una adicción que los llevó incluso a realizar viajes a otras jurisdicciones para apostar. Según explicó, algunos jugadores se autoexcluyen de casinos santafesinos y luego buscan salas de juego en otras provincias, Uruguay o Brasil. Desde esa perspectiva, Rucci sostuvo que la ludopatía debe ser considerada al momento de establecer las responsabilidades y las eventuales penas, aunque aclaró que su planteo también apunta a discutir la propia existencia de la asociación ilícita.
Una causa que nació dentro del MPA
Ríos Artacho había sido fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación y terminó dejando el cargo en 2024, cuando atravesaba un proceso de destitución impulsado por la Legislatura provincial. Después de su renuncia retomó el ejercicio de la abogacía y llegó a intervenir como defensor particular en causas penales.
La investigación que ahora lo tiene sentado en el banquillo sostiene que las maniobras se extendieron durante aproximadamente siete años y se apoyaron en el acceso privilegiado que tenía a información y fondos vinculados con expedientes judiciales. La acusación le atribuye delitos de peculado, fraude, falsedad ideológica y asociación ilícita, además de otras conductas vinculadas con la apropiación de fondos.
El juicio deberá determinar no solamente cuánto dinero fue efectivamente desviado y quiénes participaron de las maniobras, sino también qué papel tuvo cada uno de los imputados y si existió realmente una estructura organizada y estable como sostiene la Fiscalía.
La declaración de Ríos Artacho aportó una pieza nueva a esa discusión: reconoció haber utilizado los fondos y vinculó su conducta con su adicción al juego, pero al mismo tiempo negó que detrás de las maniobras haya existido la asociación ilícita que le atribuyen los fiscales. Ahora serán las pruebas y los testimonios que continúen durante el debate los que deberán establecer hasta dónde llega esa explicación y qué responsabilidad penal corresponde a cada uno de los acusados.
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