En el marco del juicio contra Agustín López Gagliasso por la muerte de una mujer y su hija en la costanera de Rosario, este martes a las 10:30 declarará Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. Su testimonio se centrará en las pruebas que el municipio puso a disposición de la Justicia a través del sistema de cámaras municipales, claves para reconstruir el hecho.
Según informó la Municipalidad, las cámaras permitieron reconstruir con precisión el trayecto del vehículo antes del siniestro: desde Arijón y Ayacucho, por distintos puntos de avenida Belgrano, el Monumento y la zona de la ex Aduana, hasta el ingreso al túnel Illia y su posterior salida.
En ese recorrido, las imágenes muestran que el auto circulaba a una velocidad muy superior a la permitida. Puntualmente, a la salida del túnel, una cámara municipal con detector de patentes y velocidad registró que el vehículo iba a 120 kilómetros por hora —el doble del límite máximo autorizado en ese sector— apenas segundos antes del impacto en Illia y Roca.
Estos registros fueron los que permitieron identificar el vehículo involucrado, reconstruir su recorrido y establecer la velocidad a la que se desplazaba antes de perder el control. Chale declarará ante el tribunal justamente para explicar el aporte de este material a la causa.
El juicio que comenzó ayer
La causa se remonta al 21 de enero de 2025, cuando López Gagliasso, entonces de 21 años, circulaba junto a una acompañante y perdió el control de su auto tras perseguir a una motocicleta con la que había tenido un altercado de tránsito. El vehículo terminó impactando contra una familia cordobesa que se encontraba en la vereda, en la zona de Illia y Roca.
Como consecuencia del hecho murieron Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17, mientras que otras dos personas de la misma familia resultaron heridas.
El juicio, que comenzó ayer, tiene una duración estimada de una semana, por lo que el veredicto podría conocerse hacia fines de la semana próxima. López Gagliasso, detenido en prisión preventiva desde el día del hecho, sigue el debate por videollamada, sin ser trasladado a la sede judicial.
El acusado enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual, figura por la cual tanto la Fiscalía como la querella solicitaron una pena de 18 años de prisión efectiva. Según había explicado la fiscal de la causa, Valeria Piazza Iglesias, la velocidad a la que circulaba el acusado —ahora respaldada también por los registros de las cámaras municipales— fue uno de los elementos centrales de la acusación, por encima incluso del resultado de la alcoholemia, que arrojó 0,20 gramos por litro de sangre.
La prueba aportada por la Municipalidad se suma así a las pericias accidentológicas y al registro de la fotomulta que ya habían confirmado la misma velocidad, reforzando uno de los ejes centrales sobre los que se apoya la acusación en este juicio.
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