El Gobierno de Santa Fe confirmó que apelará el fallo de la Corte Suprema provincial que declaró inconstitucional el tope establecido por la reforma previsional para un grupo de jubilaciones de mayores ingresos. Desde la Casa Gris sostienen que ese límite era clave para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y garantizar la sustentabilidad del sistema.
La sentencia dejó sin efecto el tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas, que actualmente ronda los 13 millones de pesos mensuales, por lo que algunos beneficiarios volverán a percibir haberes superiores a los 18 millones de pesos.
El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, fue uno de los primeros funcionarios en responder a la resolución judicial y cuestionó la participación de algunos integrantes del máximo tribunal. «Era imposible que fueran imparciales. Cuando no se excusaron y rechazaron la recusación quedó claro que estaban entendiendo en una causa que los favorecía directamente», afirmó.
La Provincia había solicitado la recusación de varios ministros de la Corte al considerar que algunos podrían verse beneficiados por el fallo, aunque ese planteo fue rechazado. Boasso también apuntó contra el ministro Eduardo Spuler, quien dejará su cargo el próximo 1 de septiembre. «Podría haberse excusado. Le faltaban apenas unos días para retirarse y decidió intervenir en una sentencia que puede beneficiarlo personalmente», sostuvo.
Más allá de las críticas al tribunal, el Gobierno defendió el espíritu de la reforma previsional aprobada en 2024. Según Boasso, el límite declarado inconstitucional alcanzaba a más de un centenar de jubilaciones de excepción, en su mayoría correspondientes a integrantes del Poder Judicial.
El funcionario remarcó que el sistema previsional no funciona como un régimen privado. «Esto no es un seguro privado donde cada uno cobra exactamente en función de lo que aportó. La seguridad social funciona sobre un principio de solidaridad», explicó.
También advirtió que la existencia de haberes máximos es una práctica habitual en distintos países y consideró que el criterio adoptado por la Corte dificulta futuras reformas previsionales.
Desde la Casa Gris sostienen que la decisión judicial tendrá un fuerte impacto en las cuentas públicas. Mientras la Anses paga actualmente una jubilación máxima cercana a los 2,8 millones de pesos, el fallo vuelve a habilitar haberes que, en algunos casos, superan los 18 millones mensuales.
Aunque se trata de un número reducido de beneficiarios, el Ejecutivo afirma que esas prestaciones representan una parte importante del déficit de la Caja de Jubilaciones.
Según datos oficiales:
- Antes de la reforma previsional, el déficit proyectado era de 900.000 millones de pesos anuales.
- Tras la aprobación de la ley, el Gobierno asegura que esa cifra se redujo a 400.000 millones.
La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, sostuvo que el eje del debate debe ser la sustentabilidad del sistema previsional. «La verdadera defensa de la Caja consiste en garantizar que siga existiendo y continúe siendo de Santa Fe», afirmó.
Además, remarcó que la decisión judicial no modifica la situación del conjunto de los jubilados provinciales. «No estamos hablando de todos los jubilados. Estamos hablando de un grupo reducido que pretende mantener un beneficio que el resto de los santafesinos no tiene», expresó.
Finalmente, vinculó la reforma con la administración de los recursos públicos y sostuvo que, sin esos cambios, la Provincia habría visto comprometidas inversiones en rutas, hospitales, escuelas, medicamentos y obras públicas.
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