El gobierno de Colombia anunció un plan para sacrificar al menos 80 hipopótamos descendientes de los animales que el narcotraficante Pablo Escobar llevó al país en la década de 1980, en una medida que busca frenar el impacto ambiental de esta especie invasora.
Los ejemplares forman parte de una población que creció sin control durante décadas. Todo comenzó con cuatro hipopótamos introducidos ilegalmente por Escobar para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles. Tras su muerte en 1993, los animales quedaron sin supervisión y comenzaron a reproducirse en libertad, hasta alcanzar actualmente alrededor de 200 individuos.
Según explicaron autoridades ambientales, el crecimiento de la especie representa una amenaza para los ecosistemas locales, ya que altera el equilibrio natural, afecta a la fauna autóctona y contamina fuentes de agua. Además, advierten que, sin intervención, la población podría multiplicarse exponencialmente en los próximos años.
El plan contempla la eutanasia como una de las principales herramientas de control, luego de que otras alternativas como la reubicación o la esterilización resultaran costosas, complejas o insuficientes para frenar la expansión. La medida forma parte de una estrategia más amplia que también incluye acciones de manejo y contención de los animales.
La decisión generó controversia y reavivó el debate entre especialistas y sectores ambientalistas. Mientras algunos sostienen que se trata de una acción necesaria para proteger la biodiversidad, otros cuestionan el sacrificio de los animales y reclaman soluciones menos agresivas.
El caso de los llamados “hipopótamos de Escobar” se convirtió con el tiempo en un problema único a nivel mundial: se trata de la única población salvaje de esta especie fuera de África, surgida a partir de una introducción artificial que hoy plantea serios desafíos ecológicos.
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