Un proyecto de ley busca poner límites a las prácticas abusivas de cobranza extrajudicial en Santa Fe: prohíbe los llamados nocturnos, restringe la frecuencia de contacto y veta las amenazas de embargo inexistentes.
Desde Rosario impulsan un proyecto de ley provincial para regular las cobranzas extrajudiciales de deudas de consumo en Santa Fe. La iniciativa, presentada por el diputado Germán Scavuzzo, no busca impedir que las deudas se reclamen, sino poner freno al hostigamiento, la intimidación y las prácticas abusivas con las que muchas veces se ejerce ese reclamo.
«Todos los días vecinos y vecinas nos plantean una situación muy angustiante: además de estar endeudados, tienen que soportar llamados a toda hora, mensajes que simulan actuaciones judiciales o la vergüenza de que contacten a sus familiares o a su lugar de trabajo para reclamarles. Esta ley pone un límite claro: una deuda puede reclamarse, pero no se puede hostigar a la persona endeudada», afirmó la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck.
El origen del proyecto
La iniciativa surgió a partir de una inquietud planteada por la jefa de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, Nadia Amalevi, y por la responsable del Área Financiera de ese organismo, Ariadna Ciammarrello, ante el aumento sostenido de consultas por deudas y métodos abusivos de cobranza.
«Desde la Oficina advertimos que el problema ya no es solamente la deuda, sino también la manera en que se la reclama. Una persona endeudada no pierde sus derechos ni puede quedar sometida a amenazas, intimidaciones o exposiciones frente a su familia y su ámbito laboral. Los casos que recibimos mostraron la necesidad de transformar esa preocupación cotidiana en una respuesta concreta», explicó Amalevi.
Qué establece la ley
El proyecto alcanza a toda cobranza extrajudicial dirigida a consumidores domiciliados en Santa Fe, incluso cuando el acreedor o la agencia de cobranzas operen desde otra provincia, y se basa en principios de trato digno, buena fe, transparencia y privacidad. Obliga a que en el primer contacto se informe con claridad quién reclama, en nombre de quién lo hace, cuál es el origen de la deuda y de qué manera puede impugnarse. También limita la frecuencia de contacto a no más de dos comunicaciones semanales —una sola en el caso de consumidores hipervulnerables, como mayores de 70 años, jubilados, pensionados o personas con discapacidad— y prohíbe los llamados entre las 20 y las 9.
Además, veda la posibilidad de contactar a familiares, vecinos o empleadores para exponer la deuda, así como el uso de mensajes que simulen una actuación judicial inexistente, con expresiones como «embargo inmediato» o «secuestro de bienes» cuando esas medidas no han sido ordenadas. El proyecto impide, por otra parte, presionar al consumidor para que acepte una refinanciación durante la misma llamada, y establece que el acreedor no puede desligarse de responsabilidad alegando que tercerizó la cobranza en una agencia o un estudio.
«No estamos regulando si una deuda se paga o no. Estamos regulando cómo puede reclamarse. El derecho a cobrar una deuda no está por encima del derecho del consumidor a ser tratado dignamente», sostuvo Scavuzzo al presentar los fundamentos del proyecto, y agregó: «Las obligaciones se cumplen, pero también los derechos se respetan».
Los números que motivaron el proyecto
El respaldo estadístico del proyecto surge del trabajo del Área Financiera de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, que depende del Concejo Municipal de Rosario.
El informe semestral de junio de 2026 había relevado 4.396 actuaciones entre diciembre de 2025 y junio de 2026, con un crecimiento interanual del 42,7%. De ese total, 1.631 expedientes correspondieron al Área Financiera, que registró un incremento cercano al 60%.
Los datos actualizados al 21 de agosto profundizan esa tendencia: sobre un total de 6.192 actuaciones recibidas por la Oficina, 2.385 corresponden al Área Financiera —casi cuatro de cada diez—. Dentro de ese grupo, 1.084 casos presentan algún inconveniente relacionado con deudas, hostigamiento para su cobro o registros en bancos de datos como Veraz o la Central de Deudores del BCRA, lo que representa más del 45% de los casos del Área Financiera y el 17,5% del total de actuaciones de la Oficina.
El relevamiento también confirma que el problema dejó de estar limitado a los sectores tradicionalmente considerados vulnerables: hoy llegan a la Oficina trabajadores registrados, familias de ingresos medios, jubilados y pensionados que buscan tanto orientación para ordenar sus deudas como protección frente a métodos abusivos de cobranza.
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