A casi 13 años de la sanción de la Ordenanza N° 9.145 —que habilitaba la construcción de cocheras subterráneas en seis espacios públicos del centro de Rosario—, las obras nunca arrancaron. Frente a este histórico freno, el Concejo Municipal comenzó a debatir una profunda reforma de la normativa. La iniciativa, impulsada por la edila Samanta Arias (La Libertad Avanza), busca flexibilizar las condiciones técnicas y económicas para atraer de una vez por todas las inversiones privadas.
En diálogo con Escenario Mercenario, Arias explicó los motivos por los cuales los proyectos originales quedaron en la nada y detalló las claves del nuevo texto ingresado esta semana a la comisión de Planeamiento.
«Se hizo una norma que decía que se podía construir este tipo de estacionamientos, pero que en la práctica tenía deficiencias que hacían que no se pudiera avanzar. Cada vez que se intentó, faltó un estudio ambiental hecho a tiempo, falló la instancia de participación ciudadana o las condiciones económicas de la concesión directamente no le cerraban a ningún privado. Lo que faltaba era un marco que atrajera inversión, y eso es lo que venimos a corregir», detalló la concejala libertaria.
Un parque automotor en plena expansión
La urgencia del debate radica en una problemática que los rosarinos padecen a diario: el colapso del tránsito y la odisea de encontrar lugar para estacionar en el centro.
Arias aportó datos concretos para dimensionar la crisis vial al señalar que el parque automotor de Rosario aumentó un 10% en solo cinco años. Según estadísticas del propio municipio, la ciudad pasó de registrar 583.586 vehículos en 2019 a 641.615 en 2024, lo que demuestra la necesidad de generar nuevas alternativas de estacionamiento para aportar sostenibilidad al tránsito, inversión y empleo.
El historial de trabas judiciales y licitaciones desiertas
El soterramiento de cocheras en Rosario arrastra un frondoso historial de frustraciones que la nueva ordenanza pretende dejar atrás. Las complicaciones comenzaron en 2012, cuando el proyecto para un megaparking bajo la Plaza San Martín fue suspendido por una medida cautelar debido a la falta de un estudio de impacto ambiental previo.
Posteriormente, entre 2015 y 2016, los pliegos para la Plaza del Foro y el Distrito Centro enfrentaron nuevos amparos destinados a preservar las trazas ferroviarias de la zona. En paralelo a este conflicto judicial, el municipio convocó a licitación en dos oportunidades consecutivas y ambas quedaron desiertas porque ninguna empresa constructora se mostró interesada en las condiciones de explotación propuestas.
Los cuatro cambios clave para destrabar las obras
La propuesta de reforma modifica la estrategia original modificando de raíz los criterios de viabilidad del proyecto. En primer lugar, para evitar futuras trabas en la Justicia, los nuevos pliegos deberán contar con la Evaluación de Impacto Ambiental y el Informe de Impacto en la Movilidad aprobados antes de ser votados en el Concejo, sumando además la factibilidad técnica previa de Aguas Santafesinas, Litoral Gas y la EPE.
Como segundo cambio fundamental, se elimina la obligación de construir únicamente en las seis plazas fijadas en 2013, permitiendo intervenir en predios municipales o bajo grandes avenidas, e incorporando la posibilidad de construir estructuras en altura de hasta seis niveles para abaratar costos de excavación.
Para seducir al sector privado, la norma extiende las concesiones a un máximo de 40 años con un canon escalonado que aumenta a medida que se recupera la inversión, duplica la superficie comercial permitida del 20% al 40% y otorga una rebaja del 20% en el Drei por dos años a los comercios que se radiquen allí. Finalmente, el texto añade un estricto régimen ecológico que obliga a los desarrolladores a plantar dos ejemplares nativos por cada árbol afectado, garantizando además el resguardo del patrimonio histórico y ferroviario de la ciudad.
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