Desde las 0 horas de este sábado comenzará a aplicarse en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser juzgada y penada por un delito. En Santa Fe, el Gobierno provincial aseguró que ya cuenta con la estructura necesaria para poner en marcha el nuevo esquema.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la Provincia trabajará con distintos niveles de intervención según la gravedad del hecho y el perfil del adolescente involucrado. Al mismo tiempo, advirtió que el impacto sobre los niveles de inseguridad no se verá de manera inmediata, sino a medida que el sistema empiece a aplicarse efectivamente.
Según planteó el funcionario, el principal efecto disuasorio comenzará a aparecer cuando adolescentes de 14 y 15 años involucrados en delitos de mediana o alta gravedad sean detenidos, sometidos a un proceso y eventualmente condenados.
Santa Fe ya tenía parte del esquema en funcionamiento
Cococcioni sostuvo que la entrada en vigencia de la nueva ley nacional no obligará a realizar una transformación completa del sistema santafesino. La Provincia cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil, organizado bajo principios acusatorios, similares a los que rigen en el sistema penal de adultos. También dispone de una ley de ejecución de la pena y de institutos específicamente destinados a adolescentes.
Con la nueva normativa, las respuestas judiciales se dividirán en dos grandes grupos: medidas alternativas a la privación de la libertad y medidas de encierro.
Las primeras serán similares a las que actualmente se aplican a través de la Secretaría de Niñez. En los casos en que corresponda privar de la libertad a un adolescente, la intervención quedará bajo el área de Justicia Penal Juvenil de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Tres niveles para la privación de la libertad
Dentro de las medidas de detención, Santa Fe aplicará un esquema de tres niveles. El primero será la prisión domiciliaria, para la cual el Gobierno provincial prevé solicitar la utilización de tobilleras electrónicas que permitan controlar el cumplimiento de la medida. Un segundo escalón estará compuesto por los Establecimientos de Puertas Abiertas (Espa). Se trata de instituciones de alojamiento intermedio, sin las características de una cárcel tradicional y con atención a cargo de personal civil.
Para los hechos más graves y violentos, o cuando exista un perfil criminológico de mayor complejidad, estarán disponibles los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj). Estos últimos funcionarán bajo un régimen de puertas cerradas, con condiciones similares a las del sistema penitenciario, pero en establecimientos específicos para menores de edad y completamente separados de la población adulta.
La nueva legislación, aprobada por el Congreso el 27 de febrero, abre así una etapa distinta en el tratamiento penal de adolescentes. Para Santa Fe, el desafío será ahora trasladar el nuevo marco legal a la práctica y medir en el tiempo si logra modificar la participación de menores en delitos violentos sin perder las garantías específicas previstas para el sistema penal juvenil.
Seguinos