La Sala IV de la Cámara Federal de Casación marcó un antes y un después en la jurisprudencia argentina. Al confirmar el decomiso de los bienes en la Causa Vialidad, el tribunal no solo apuntó contra los condenados, sino que habilitó la ejecución de propiedades que hoy están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.
La mayoría integrada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificó que el Estado debe recuperar de forma «real y efectiva» el dinero sustraído. El concepto central del fallo es demoledor para las defensas: los activos de origen ilícito son decomisables aunque hayan sido transferidos a terceros o recibidos por herencia.
«Carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos», sostuvo el juez Hornos en su voto.
La justicia ordenó avanzar con el remate de bienes para cubrir la cifra de $684.990.350.139. El inventario de los activos afectados es extenso y detalla el poder económico de la estructura investigada:
Inmuebles: 141 propiedades entre las de Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
Efectivo: Se ejecutarán US$ 4.664.000 encontrados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner y casi un millón de dólares adicionales en cuentas bancarias.
Vehículos: 46 rodados de distinta gama.
Empresas: Activos de firmas como Austral Construcciones, utilizadas como pantalla para la maniobra.
Pese a no haber sido condenados en esta causa, los hijos de la exmandataria perderán el control de 19 bienes (10 departamentos, 2 casas en Río Gallegos y terrenos en El Calafate).
La justicia rechazó el argumento de las defensas que alegaban que los jóvenes eran «ajenos» al proceso. El tribunal determinó que, al haber recibido esos bienes a título gratuito (donación o herencia) mientras se cometía el ilícito, el Estado tiene el derecho de recuperarlos.
La decisión tuvo un voto en contra parcial: el del juez Mariano Borinsky. Si bien coincidió en la condena general, Borinsky planteó que no se debía avanzar sobre los bienes de los hijos de CFK sin una prueba más directa de que esos activos específicos fueron fruto del delito, proponiendo un análisis más restrictivo.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya habían denunciado la «falta de arrepentimiento» de los condenados, quienes no depositaron voluntariamente el dinero tras el vencimiento de los plazos. Con este respaldo de Casación, el Tribunal Oral Federal 2 queda facultado para acelerar las subastas públicas y el recupero de fondos para las arcas del Estado.
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