La Justicia provincial evalúa un pedido presentado por la defensa de Jonatan «Jona» Riquelme, un preso de alto perfil —hermano del condenado jefe de la célula que opera para el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado en la zona noroeste— alojado en la Unidad 11 de Piñero. La solicitud busca autorización para realizar la extracción de una muestra de semen y así continuar un tratamiento de fertilidad que, según se presentó, había comenzado antes de su detención, ocurrida en diciembre de 2024 en el barrio porteño de Caballito.
Según fuentes judiciales, el planteo se había presentado originalmente ante la Justicia Federal, pero ese fuero consideró que el trámite correspondía a la Justicia provincial, ya que Riquelme cumple condena en el ámbito local y está alojado en una unidad del Servicio Penitenciario de Santa Fe.
A raíz de esa derivación, la Justicia provincial pidió al Servicio Penitenciario un informe sobre la viabilidad de realizar el procedimiento antes de resolver.
Las mismas fuentes precisaron que el tratamiento se había iniciado antes de la detención y que lo solicitado es únicamente la extracción de una muestra de semen, destinada a un tratamiento de reproducción asistida que lleva adelante su pareja, quien no está privada de la libertad. Se trata, además, de un tratamiento privado, pagado antes del arresto, que no genera costo alguno para el Estado. La defensa pidió que la extracción se realice en el centro médico de la Unidad 11 de Piñero o, si no fuera posible, en la clínica donde se lleva a cabo el tratamiento.
El Servicio Penitenciario todavía no respondió el pedido de la Justicia provincial. Ante la demora, la defensa presentó un hábeas corpus para obtener una definición, que fue rechazado por no ser la vía procesal adecuada. Según se indicó, el propio Servicio Penitenciario le tomó a Riquelme una exposición para dejar constancia de su conformidad con la práctica, aunque el informe técnico que pidió la Justicia sigue pendiente.
Mientras el expediente sigue en trámite, el gobierno santafesino fijó posición. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, sostuvo que la Provincia prioriza destinar los recursos a la seguridad pública y que preferiría que las intervenciones judiciales vinculadas a personas detenidas apunten a ese objetivo. También explicó que el traslado de un preso de alto perfil exige coordinar operativos entre distintas fuerzas de seguridad, lo que implica un gasto de recursos.
La funcionaria señaló que, por el momento, es el Servicio Penitenciario quien debe expedirse sobre la autorización, y adelantó que la postura del gobierno será contraria al pedido. Aclaró que, si más adelante hubiera una orden judicial en sentido distinto, la Provincia ejercerá las facultades que le correspondan dentro del proceso.
Riquelme continúa detenido en la Unidad 11 de Piñero, a la espera de que la Justicia provincial reciba el informe del Servicio Penitenciario para definir si autoriza el procedimiento.
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