Un hombre de 42 años fue imputado este viernes por el femicidio de Natalia Giménez en el barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. En la misma audiencia también quedaron imputadas otras dos personas, acusadas de prestarle dinero a la víctima con intereses desproporcionados: según la investigación, la mujer tenía una deuda con un preso alojado en una cárcel de la ciudad.
Durante la primera audiencia por el crimen, la fiscal Paula Barros reveló que Giménez había pedido 400.000 pesos y debía devolver el doble. Esos números salieron de un cuaderno encontrado en la celda de Germán C. durante una requisa en la Unidad Penitenciaria 6, ubicada detrás de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II. Por ahora el recluso no aparece como posible instigador del asesinato, aunque la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estableció que la mujer, de 35 años, recibió varios reclamos de pago hasta dos días antes de su muerte.
Cómo fue el ataque
Por el femicidio, la fiscal imputó a Paulo A. por homicidio doblemente calificado por ensañamiento, alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer. El acusado está detenido desde la semana pasada, cuando se hicieron siete allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez vinculados a la causa.
Según las pruebas reunidas por el MPA, el crimen ocurrió un día antes de que la familia hiciera la denuncia por el hallazgo del cuerpo, tal como ya indicaban los primeros exámenes médicos. El sábado 26 de septiembre, el sospechoso llegó en bicicleta a avenida Abanderado Grandoli 3800 antes de las 6 de la mañana, subió a la vivienda, ubicada en un segundo piso, y atacó a la víctima a golpes y con un arma blanca. La fiscal sostuvo que el agresor prolongó innecesariamente el sufrimiento de la mujer y se aprovechó de una relación desigual de poder mediante el uso de violencia física extrema.
Paulo A. había dejado la bicicleta atada en la esquina de Grandoli y Presidente Quintana. Después del ataque volvió a buscarla caminando, con un casco de moto puesto, y se fue a su casa de Cervantes al 700, en Villa Gobernador Gálvez. Cuando allanaron ese domicilio, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró ropa y otros elementos que coinciden con lo que muestran las cámaras de videovigilancia.
La muerte de Giménez se confirmó recién el domingo 27 de septiembre, más de 36 horas después del femicidio. Los investigadores constataron que el cuerpo tenía múltiples heridas y golpes en la cara, los ojos, el cuello, el cráneo y las manos.
Préstamos desde la cárcel
Al reconstruir los días previos al crimen, la Fiscalía Regional Segunda descubrió que la víctima venía recibiendo reclamos por un préstamo. Su nombre figuraba en una lista de 54 personas que Germán C. tenía anotadas dentro del penal de avenida Francia al 4900, con sus teléfonos, el dinero entregado y el monto que les exigía para saldar la deuda. Giménez había pedido la plata pocos meses antes: entre el 20 y el 24 de septiembre la presionaron para que pagara y pocos días después fue asesinada. Aun así, todavía no hay pruebas suficientes para afirmar que el agresor actuó por orden del prestamista.
La investigación también determinó que el preso se dedicaba de manera habitual a prestar dinero con la colaboración de Stella Maris P., de 36 años, que operaba fuera de la cárcel. Ella era la encargada de contactar a los deudores, aprovechando su necesidad económica para cobrarles intereses muy por encima de lo razonable. Según la fiscal, ambos usaban distintas líneas telefónicas para hacer los reclamos, como ocurrió en el caso de Giménez.
Con este panorama, el juez Federico Rébola dictó la prisión preventiva por el plazo de ley para el acusado del femicidio, mientras que para los otros dos imputados fijó la medida cautelar por seis meses.
Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que la esté atravesando, podés comunicarte de forma gratuita las 24 horas con la Línea 144.
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