A pocas horas del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto, el Gobierno nacional recordó que la educación fue incorporada al régimen de servicios esenciales por la reforma laboral y advirtió que las escuelas deberán garantizar una prestación mínima del 75% durante la jornada de protesta.
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, por medio de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afirmó que la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral se encuentra «plenamente vigente» y recordó que su artículo 101 establece la obligación de mantener ese nivel mínimo de actividad durante las medidas de acción directa.
De esta manera, la medida de fuerza convocada por CTERA será una de las primeras a nivel nacional en las que el Ejecutivo buscará aplicar las disposiciones de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.
En el comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que la normativa «asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles».
Además, advirtió que «el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables».
El Ministerio de Capital Humano también reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio educativo y con el cumplimiento de la legislación vigente, al señalar que el objetivo es garantizar el acceso a la educación incluso durante las medidas de fuerza.
El paro de 24 horas, previsto para este lunes 3 de agosto, fue convocado por CTERA para reclamar:
- La convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
- Una actualización del salario mínimo docente.
- La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
- Otros reclamos vinculados al financiamiento y las condiciones laborales del sector.
La medida marcará un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios docentes y, al mismo tiempo, pondrá a prueba por primera vez el alcance de las disposiciones de la reforma laboral respecto de la prestación mínima que deben garantizar los servicios considerados esenciales.
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