El Gobierno de Santa Fe, junto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles un nuevo derribo de un búnker utilizado para la venta de drogas en la ciudad de Rosario. La intervención se realizó en un inmueble ubicado en Moreno 3926 y constituye el operativo número 77 en la ciudad y el 132 en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
La política de inactivación de estos inmuebles se desarrolla desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales y los gobiernos locales. El objetivo es impedir que continúen funcionando puntos de comercialización de estupefacientes y desarticular inmuebles vinculados a la violencia asociada al narcomenudeo.
Durante la actividad, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, sostuvo que la decisión de disponer “el cese del estado antijurídico y el derribo” del inmueble permite poner fin a situaciones que afectan de manera directa a los vecinos. En ese sentido, explicó que en el lugar se registraban episodios de violencia, un incendio y reiterados conflictos que alteraban la convivencia en el barrio.
Asimismo, el funcionario afirmó que estas intervenciones contribuyen a reducir la violencia en los territorios donde se concentran los puntos de venta de drogas. «Se nota una disminución de la violencia, que es el objetivo final que establece la Ley de Microtráfico», aseguró.
Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que el procedimiento forma parte de una investigación focalizada sobre los barrios Villa Moreno y Villa Centeno, sectores que históricamente registraban altos índices de violencia y una fuerte incidencia de la venta de estupefacientes.
El fiscal precisó que el inmueble no era utilizado como vivienda, sino exclusivamente como punto de comercialización de drogas. Además, remarcó que el derribo constituye una herramienta fundamental para evitar que estos lugares vuelvan a ser ocupados. “Las detenciones forman parte de la investigación, pero si no se produce el derribo del lugar, cíclicamente volverá a abrirse con nuevas personas que pueden ser reemplazables”, señaló.
Finalmente, Cabrera explicó que estos inmuebles suelen convertirse en focos de disputa entre organizaciones criminales cuando quedan abandonados, lo que deriva en nuevos episodios de violencia. “Lo que buscamos es derribar el punto, que también es el punto de conflicto”, concluyó.
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