El canciller Pablo Quirno afirmó en Radio Rivadavia que la Argentina puede iniciar procesos penales contra directivos de las petroleras Rockhopper y Navitas, que buscan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas. El funcionario recordó que las dos empresas ya fueron sancionadas según la legislación argentina. Cuando le preguntaron si el Gobierno avanzaría también contra las personas a cargo de esas compañías, respondió: “Absolutamente, sí, absolutamente”.
Las declaraciones apuntan al proyecto Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado en una zona marítima cuya soberanía disputan la Argentina y el Reino Unido. Ese mismo día también se conoció que el Gobierno había advertido a directivos de Rockhopper sobre posibles causas penales, penas de prisión y multas.
La presentación ante el Tribunal del Mar
En paralelo, la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Allí pidió medidas provisionales para suspender la explotación hasta que se forme un tribunal arbitral, ya que el inicio de los trabajos está previsto para el primer trimestre de 2027. Según el canciller, el Reino Unido desconoce resoluciones de Naciones Unidas que, de acuerdo con la postura argentina, obligan a no tomar medidas unilaterales mientras siga abierta la disputa por la soberanía.
Quirno aclaró que ese tribunal no puede resolver sobre la soberanía de las islas, sino sobre el uso de los recursos naturales. Además, sostuvo que si el fallo favorece a la Argentina, espera que Londres lo cumpla, porque ambos países forman parte de la convención que da origen a ese tribunal.
El rol de Chile y la estrategia en el Atlántico Sur
El canciller también se refirió a la conexión marítima entre Punta Arenas y Malvinas. Explicó que la circulación es libre, pero que la ley argentina exige una autorización para los barcos que llevan carga hacia las islas o desde allí. En ese marco, dijo esperar que las empresas respeten esa normativa y que Chile mantenga su apoyo histórico al reclamo argentino, sin colaborar en la logística de la explotación.
Por último, Quirno ubicó la ofensiva judicial dentro de una política más amplia del gobierno de Javier Milei, que incluye una base naval integral en Ushuaia y cambios en la legislación para defender los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
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