El fiscal federal Eduardo Taiano se manifestó en contra de la posibilidad de reabrir la causa $LIBRA y cuestionó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que pidió quedarse con la investigación. En un escrito presentado ante la Justicia, el fiscal ratificó su postura: “Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones”.
El 22 de octubre, Taiano había dado por terminada la investigación por la presunta criptoestafa y solicitó el sobreseimiento (es decir, que se los desvincule de la causa de manera definitiva) del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los otros nueve imputados. Su trabajo ya había recibido críticas de los querellantes, que son las partes que impulsan la acusación en el expediente.
Cómo se llegó a este punto
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal y cerró el caso. Sin embargo, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, consideró que esa decisión fue “prematura” y solicitó asumir el ejercicio de la acción penal, lo que en la práctica implicaría continuar la investigación en lugar de la fiscalía. Ante ese planteo, el juez federal Daniel Rafecas, que se encontraba a cargo del Juzgado Federal N°8 como subrogante, le pidió a Taiano que fijara su posición.
En su respuesta, el fiscal calificó de “sorpresiva” la presentación de la PIA, ya que el organismo especializado en corrupción tuvo acceso al expediente únicamente entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025. Por eso, sostuvo que no estaba en condiciones de conocer en detalle cómo avanzó la causa.
Las críticas del fiscal a la PIA
Taiano también consideró “desacertada” la conclusión de Rodríguez, porque, según explicó, no pudo revisar las pruebas incorporadas al expediente desde 2025. Además, afirmó que los argumentos del procurador se basan en “afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
Para el fiscal, la postura de la PIA es apenas una diferencia de criterio sobre cómo valorar las pruebas reunidas, y busca mantener abierta la etapa de investigación frente a lo que él describe como un caso de atipicidad: es decir, hechos que no encajan en ningún delito. En ese sentido, remarcó que no es posible atribuirle a ninguno de los funcionarios las conductas denunciadas ni demostrar un perjuicio a las arcas del Estado. De todos modos, aclaró que su fiscalía no plantea objeciones procesales sobre la admisibilidad formal del camino elegido por la PIA.
Con ambas posturas sobre la mesa, ahora será Martínez de Giorgi quien deba definir si acepta el pedido de la PIA y reabre la investigación, o si respalda el criterio de Taiano y confirma el sobreseimiento de todos los imputados.
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