Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentaron un nuevo análisis sobre el destino de los fondos del fideicomiso utilizado para financiar obras viales entre 2009 y 2015. Según la defensa, la información incorporada a partir de la declaración de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en la causa Cuadernos contradice uno de los fundamentos de la condena por el caso Vialidad.
De acuerdo con los datos expuestos por los abogados, durante ese período se destinaron más de 2.000 millones de dólares a obras, mientras que los fondos asignados al Grupo Austral, vinculado al empresario Lázaro Báez, representaron el 0,85 por ciento del total.
A partir de ese análisis, Beraldi sostuvo que el decreto 54/2009 era una norma general destinada al financiamiento de obras viales y no una medida creada específicamente para beneficiar a un empresario. En ese sentido, afirmó: “La imputación era absolutamente falsa”.
El abogado también cuestionó que durante el juicio se haya rechazado una pericia contable propuesta por la defensa y sostuvo que las pruebas presentadas fueron desvirtuadas. Según su planteo, la nueva información permite revisar el sustento de la acusación.
Por su parte, Valim señaló que el nuevo material representa, para la defensa, un cambio en la discusión judicial: mientras anteriormente cuestionaban los fundamentos jurídicos de la condena, ahora sostienen que tampoco existiría sustento fáctico para ella.
El estudio de los datos estuvo a cargo de un equipo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de la Cerda, expresidente del Consejo Federal de Economía de Brasil. La defensa anunció además que utilizará esta información dentro de su estrategia judicial internacional y en una presentación ante Naciones Unidas vinculada con la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta.
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