El Gobierno nacional consiguió este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. Para lograrlo, La Libertad Avanza reunió 60 firmas y tuvo que aceptar cambios que reclamaban sus aliados y también Estados Unidos. Ahora, el oficialismo apunta a llevar la iniciativa al recinto de Diputados el jueves 12 de noviembre, aunque todavía hay puntos en discusión.
La firma se concretó en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, después de varias semanas de negociación. El debate cerró con seis dictámenes distintos: el oficialista y otros cinco de diferentes bloques. Varios aliados firmaron en disidencia y piden más modificaciones antes de votar, sobre todo en los artículos de injerencia extranjera y libertad de expresión.
Qué propone la ley
El proyecto, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, endurece las sanciones a quienes exploten recursos naturales en Malvinas y sus aguas sin autorización argentina. Hoy el régimen apunta sobre todo a los hidrocarburos; la nueva ley lo amplía a otros recursos, renovables y no renovables, con multas y la suspensión o cancelación de los permisos para operar en el país. Pero la iniciativa va más allá de las islas: también modifica normas de defensa, inteligencia y seguridad, y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
Ese alcance amplio generó críticas. Unión por la Patria y parte de Provincias Unidas pidieron tratar por separado el capítulo de Malvinas y el resto de las reformas. El oficialismo, en cambio, defendió que se voten juntas.
Los cambios que destrabaron el dictamen
La concesión más importante fue acotar las sanciones a empresas. Ahora alcanzan a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. Quedan afuera los accionistas minoritarios con hasta el 2% y los fondos de inversión que no deciden sobre los activos. Además, para sancionar a un proveedor, lo que entrega tiene que ser indispensable para la actividad ilegal y tiene que saber, o no poder ignorar, a dónde va. La versión original era mucho más amplia y alcanzaba a cualquiera con vínculos económicos con las empresas infractoras.
Ese ajuste llegó después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, transmitiera la preocupación de Washington por el impacto sobre sus empresas, un reparo que se sumó a los de los bloques dialoguistas. Sobre el Consejo de Seguridad Nacional, el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral en el Congreso para controlar sus decisiones. También sumó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente, y permitirá que los titulares de ambas cámaras y los gobernadores participen cuando los temas lo requieran.
El tema que sigue abierto es el de la injerencia extranjera. El texto prevé de cinco a doce años de prisión para quienes, por orden o con financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. Aunque esa redacción ya se modificó, algunos bloques advierten que podría afectar la libertad de expresión y reclaman más cambios antes de la sesión.
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