La Cámara de Diputados le dio media sanción a la nueva Ley de Discapacidad tras una sesión maratónica y negociaciones de último momento que terminaron sumando a casi todo el arco político. El proyecto se aprobó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones: las abstenciones correspondieron al Frente de Izquierda y los votos negativos, a los diputados del cordobesismo junto a Lourdes Arrieta. Ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
La norma, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, toma prácticamente todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, pero le quita el carácter transitorio. Es decir, sus garantías pasan a ser permanentes y ya no dependerán de prórrogas ni del gobierno de turno. El dictamen fue impulsado por La Libertad Avanza y terminó de tomar forma con los aportes del jefe del bloque Argentina Federal, el misionero Oscar Herrera Ahuad.
Qué cambia para las personas con discapacidad
Uno de los puntos centrales es que los requisitos para acceder a una pensión por discapacidad quedan fijados por ley, cuando hasta ahora los definía el Poder Ejecutivo. Para cobrarla será necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pasar por una evaluación socioeconómica y no tener ingresos propios iguales o superiores a dos salarios mínimos. Además, se mantiene la posibilidad de cobrar la pensión y tener al mismo tiempo un empleo formal o ser monotributista, siempre que no se supere ese tope, y se habilita su compatibilidad con algunas asignaciones sociales.
En materia de salud, la ley garantiza la cobertura médica básica del programa Incluir Salud no solo para quienes cobran pensiones por discapacidad, sino también para los titulares de pensiones por invalidez laboral. También se sostiene el nomenclador único de prestaciones, con actualización mensual atada a la inflación, y se mantiene vigente la Ley 26.816 de empleo protegido. Para el financiamiento, el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al área no podrá ser menor, en términos reales, al del año anterior, y si las partidas no alcanzan se podrán usar fondos del Tesoro.
El proyecto crea además un sistema de auditorías periódicas que cruzará datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Si una pensión queda observada por alguna inconsistencia, su titular tendrá 160 días para presentar su descargo antes de que se suspenda el beneficio. En cuanto a la deuda con los prestadores, que ronda los 278.323 millones de pesos, el Ejecutivo tendrá 30 días para presentar un cronograma de pagos y un plazo máximo de 90 días para saldar lo adeudado.
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