El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora deberá ser tratado por el Senado, introduce cambios de fondo en los procedimientos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. La iniciativa también modifica las reglas para las expropiaciones, el régimen de tierras rurales y el funcionamiento del Registro Inmobiliario.
Desalojos por juicio sumarísimo
Uno de los puntos centrales es que los procesos judiciales de desalojo pasarán a tramitarse por la vía sumarísima, la más abreviada que contempla el Código Procesal. De esta manera, se estima un plazo de hasta 10 días para concretar la restitución del inmueble a su propietario.
Adiós a la caución real
El proyecto elimina la exigencia de que el propietario constituya una garantía patrimonial o caución económica previa para solicitar el desalojo. En su lugar, bastará con una declaración jurada en la que el solicitante asuma la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida.
Reconocimiento judicial y situaciones de vulnerabilidad
En los casos de cambio de destino, deterioro de la propiedad, obras nocivas o uso abusivo, el juez deberá realizar un reconocimiento del inmueble dentro de las 72 horas, asistido por el defensor oficial. Si en la vivienda hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se dará intervención a los organismos habitacionales, aunque esto no suspenderá el desalojo.
Además, el magistrado deberá fijar un plazo prudencial de no más de diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria. Esa medida tampoco frenará el avance del proceso judicial.
Multas por ocultamiento
La norma establece sanciones para los propietarios que actúen de mala fe. Si se comprueba que se logró la desocupación inmediata mediante el ocultamiento malicioso de hechos o documentos, podrá aplicarse una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual.
Requisitos más estrictos para expropiar
El proyecto endurece las condiciones para las expropiaciones del Estado. La valuación del bien se calculará tomando como referencia el día previo al anuncio oficial, indexada por el IPC más una tasa nominal activa del Banco Nación, con un tope del 30% para el lucro cesante. A su vez, se prohíbe transferir el dominio al Estado antes de pagar la indemnización completa.
Se mantiene el límite a la compra de tierras por extranjeros
Tras las negociaciones en Diputados, se derogó el artículo 154 del DNU 70/2023 y se restituyó la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011. Así, se conserva el tope máximo del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
Registro Inmobiliario digital
Por último, se reforma la Ley 17.801 para modernizar el Registro Inmobiliario. Los cambios habilitan la digitalización de los procedimientos, el uso de firma digital y herramientas de trazabilidad en los asientos registrales.
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