La iniciativa del Gobierno obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Los cambios incorporados incluyen la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que limita la adquisición de terrenos por parte de extranjeros.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, aunque con modificaciones que obligan a que el texto regrese al Senado para una nueva revisión. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Entre los principales cambios se encuentra la restitución de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El oficialismo logró avanzar con el acompañamiento de sus aliados y las abstenciones de cinco legisladores vinculados al cordobesismo, integrantes de Provincias Unidas, y del diputado del PRO Álvaro González.
La Ley de Tierras Rurales seguirá vigente
Uno de los cambios centrales fue mantener vigente la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa fija un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las superficies rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
La restitución de la ley implica dejar sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei había dispuesto su derogación. El capítulo referido a las tierras rurales fue aprobado durante la votación en particular con 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones.
La modificación se produjo luego de distintas resoluciones judiciales sobre la vigencia de la normativa. En uno de sus pronunciamientos, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional su derogación, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación procesal para impulsar el reclamo. Posteriormente, el máximo tribunal suspendió de manera cautelar la derogación en el marco de otra causa promovida por una organización ambiental, sin resolver la cuestión de fondo.
Qué cambia en las expropiaciones
El proyecto también introduce modificaciones en los procedimientos de expropiación. Establece que el Estado deberá contar con una declaración específica de utilidad pública y pagar una indemnización previa, calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble.
Además, incorpora el reconocimiento del lucro cesante, un punto cuestionado por sectores de la oposición, que advirtieron sobre un posible aumento de los costos que deberá afrontar el Estado para concretar expropiaciones.
Desalojos y Registro de la Propiedad Inmueble
En materia de desalojos, la iniciativa contempla procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar la recuperación de inmuebles ocupados. A su vez, establece un plazo de protección de diez días para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
El texto también incluye cambios destinados a modernizar el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble. Tras la aprobación con modificaciones en Diputados, el proyecto deberá regresar al Senado para que se analicen los cambios introducidos antes de definir su sanción definitiva.
Seguinos