El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para acusar a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno. Sin embargo, solicitó que la investigación avance en la Justicia Penal Económica para determinar si el exjefe de Gabinete incurrió en posibles delitos tributarios.
El planteo fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia y dispone el traslado del expediente. La decisión no implica el cierre de la causa ni el sobreseimiento del exfuncionario.
Uno de los puntos centrales de la investigación fue la explicación que Adorni presentó sobre el origen de parte de su patrimonio. El exfuncionario sostuvo que había invertido cerca de 200.000 dólares en Bitcoin entre 2014 y 2018 y que, tras vender esos activos, obtuvo 591.544 dólares, que conservó en efectivo.
La fiscalía ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por su defensa. Las pericias confirmaron que las billeteras existían y habían registrado actividad durante el período señalado, aunque no pudieron determinar quién las administraba en aquel momento ni reconstruir completamente la identidad de las personas que participaron en las operaciones.
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