La Justicia de Rafaela puso punto final a la agonía financiera de SanCor Cul. A través de una extensa resolución, el juez Marcelo Germán Gelcich decretó la quiebra de la cooperativa, dando por concluido el proceso de concurso preventivo que había iniciado en febrero de 2025.
La decisión no fue una sorpresa para el mercado: fue la propia empresa quien admitió ante el magistrado su «imposibilidad» de presentar una propuesta de acuerdo con los acreedores. Ante esta confesión, el juez aplicó la figura de quiebra indirecta por frustración anticipada, evitando un desgaste judicial innecesario ante una situación que calificó como «inviable».
El fallo judicial describe un escenario desolador. Según el expediente, SanCor no solo dejó de ser rentable, sino que durante el último año su deuda siguió creciendo de forma descontrolada. El juez fue tajante al afirmar que la empresa se sostenía mediante un «financiamiento forzoso a costa de terceros», incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones corrientes.
Los números que maneja la Justicia exponen el deterioro productivo:
Pasivo millonario: La deuda acumulada ronda los u$s120 millones, repartida entre más de 1.500 acreedores (incluyendo empleados con salarios atrasados y proveedores).
Capacidad ociosa: En enero de 2026, la firma procesó apenas 6 millones de litros de leche, un volumen que no llega a cubrir sus costos fijos operativos.
Dependencia externa: La cooperativa pasó de procesar materia prima propia a depender de contratos de «fazón» (producción para terceros), los cuales también se han ido desplomando.
A pesar del decreto de quiebra, la Justicia ordenó que las unidades que aún están operativas no detengan su actividad de inmediato. Esta medida busca preservar el valor de las instalaciones y evitar que la maquinaria se deteriore, facilitando así una futura venta.
Actualmente, el sistema SanCor cuenta con seis plantas industriales:
En Santa Fe: Sunchales (la principal), Gálvez y San Guillermo.
En Córdoba: Devoto, Balnearia y La Carlota.
Sin embargo, la realidad de estas sedes es dispar: mientras algunas operan al mínimo, otras —como la de San Guillermo— se encuentran prácticamente paralizadas.
El juez Gelcich descartó de plano cualquier posibilidad de rescate o la aplicación del sistema de cramdown (salvataje por parte de un tercero), argumentando que la magnitud de la deuda y la estructura legal de la cooperativa lo hacen imposible.
El objetivo ahora es la enajenación de la empresa en marcha. Esto significa que la Justicia buscará licitar las plantas y las marcas comerciales, ya sea de forma conjunta o por separado, para intentar recuperar la mayor cantidad de capital posible para los acreedores y, eventualmente, permitir que las fuentes de trabajo continúen bajo una nueva administración privada.
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