La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de Burford Capital para que el pleno del tribunal revisara la sentencia que anuló la condena millonaria contra Argentina por la expropiación de YPF. Con esta decisión, el bufete de inversión inglés —que cotiza en las bolsas de Nueva York y Londres— agota prácticamente sus opciones judiciales en Estados Unidos.
Burford había obtenido un fallo favorable en primera instancia ante la jueza Loretta Preska, que obligaba a Argentina a pagar alrededor de USD 18.000 millones. Sin embargo, en marzo pasado, tres jueces de la Cámara —Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson— revocaron esa sentencia. Ante esa derrota, el bufete solicitó una revisión «en banc», es decir, ante la totalidad de los jueces del tribunal, un mecanismo reservado para casos de carácter excepcional. El pedido fue rechazado en un fallo de pocas líneas firmado por la secretaria de la corte, Catherine O’Hagan Wolfe.
A partir de ahora, Burford solo tiene dos caminos: apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos —una alternativa que los analistas consideran casi sin chances de prosperar— o recurrir al Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, tal como la empresa ya había anticipado.
Reacciones en Argentina
El fallo fue celebrado por funcionarios y directivos locales. Horacio Marín, presidente de YPF, destacó que la decisión evita un pago de USD 16.000 millones más intereses y permite a la compañía consolidar su plan estratégico, impulsar exportaciones y proyectarse hacia 2031. «Esto nos posiciona como un proveedor confiable de energía para el mundo», señaló.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación calificó el resultado como «un nuevo hito en la defensa de los intereses del Estado» y destacó la solidez jurídica de la posición argentina a lo largo del proceso. Sebastián Soler, ex subprocurador del gobierno de Alberto Fernández, coincidió en que las chances de un giro favorable para Burford en la Corte Suprema son prácticamente nulas.
El fallo de marzo y su impacto
La resolución de la Cámara del pasado 27 de marzo ya había marcado un punto de inflexión en este litigio que se extiende por casi una década. El tribunal aplicó la ley argentina y concluyó que la Ley de Expropiación sancionada por el Congreso en 2012 —durante la presidencia de Cristina Kirchner— prevalece sobre el estatuto de la empresa. En consecuencia, los reclamos de los accionistas por incumplimiento de contrato fueron declarados inadmisibles.
La votación fue de dos a uno: el juez Cabranes se pronunció a favor de los demandantes. El tribunal devolvió además el expediente para que continúen las actuaciones conforme a los lineamientos de su resolución.
El impacto en los mercados fue inmediato: las acciones de Burford Capital se desplomaron más de un 43% tras conocerse el fallo de marzo, y su capitalización bursátil cayó de aproximadamente USD 3.500 millones en septiembre de 2023 a unos USD 809 millones.
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