El presidente Javier Milei rubricó el nombramiento de Ana María Cristina Juan como jueza federal, en una medida que busca fortalecer el funcionamiento de la Justicia Federal en el oeste del conurbano bonaerense, zona donde los juzgados de Moreno y Morón siguen sin titular y funcionan bajo un sistema de subrogancias. La decisión quedó formalizada este miércoles mediante el Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El nombramiento se concretó a partir de un pedido formal que el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, había elevado al Ministerio de Justicia. En esa presentación, el magistrado solicitó avanzar con la incorporación de Ana María Juan —esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi— para dar respuesta a la falta de titulares en ambos juzgados, cubiertos hasta ahora de forma provisoria por otros jueces de la jurisdicción.
En su nota dirigida a Mahiques, Salas detalló que tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón permanecen subrogados, lo que obliga a otros magistrados a hacerse cargo, además de sus propios despachos, de la conducción temporal de esos tribunales. Este esquema se sostiene desde hace tiempo y genera una sobrecarga de trabajo en una de las jurisdicciones federales con mayor cantidad de causas de la provincia de Buenos Aires.
No se trata de tribunales de bajo movimiento: Moreno y Morón concentran investigaciones vinculadas a algunos de los delitos federales más graves, como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión tributaria, delitos contra la administración pública y crimen organizado, entre otras causas ligadas a organizaciones delictivas que operan en esa zona del conurbano. Este panorama fue uno de los principales argumentos que utilizó la Cámara Federal de San Martín para pedir un refuerzo en la estructura judicial local.
Según indicaron fuentes judiciales, las subrogancias son una solución de carácter transitorio, pero el volumen de expedientes y la complejidad de las investigaciones hacen imprescindible cubrir las vacantes con jueces titulares. En muchos casos, los magistrados subrogantes deben atender simultáneamente causas de alta sensibilidad institucional, medidas urgentes y audiencias, sumado a las tareas propias de sus juzgados de origen.
Ante este contexto, la Cámara Federal de San Martín promovió la incorporación de Ana María Juan, quien ya contaba con el acuerdo del Senado para asumir en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, tribunal que todavía no fue puesto en marcha. Por ese motivo, la magistrada se encontraba a la espera de asumir funciones.
La propuesta impulsada por Salas planteó aprovechar esa situación para sumar a la jueza al fuero federal y así descomprimir la carga de Moreno y Morón, mientras se define la apertura definitiva del nuevo juzgado de Hurlingham. Con la firma del decreto presidencial, se completó el procedimiento constitucional necesario para su nombramiento, lo que habilita su incorporación al fuero federal a la espera de que ese tribunal entre en funcionamiento.
El Decreto 589/2026, firmado por Milei y Mahiques, establece en su artículo primero: “Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”.
Juan está casada con el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py. Su pliego ya había recibido el visto bueno del Senado, por lo que solo restaba la firma del Poder Ejecutivo para hacer efectivo el nombramiento.
De acuerdo con fuentes judiciales, la llegada de la magistrada permitirá descomprimir el trabajo de los juzgados federales de Moreno y Morón hasta tanto se ponga en marcha el juzgado para el cual fue designada. Con esto, la Cámara Federal de San Martín busca morigerar el efecto de las vacantes existentes y mejorar la capacidad de respuesta ante investigaciones de alta complejidad.
La medida se enmarca, además, en el proceso de cobertura de cargos vacantes que lleva adelante el Ministerio de Justicia desde que Mahiques asumió al frente de esa cartera. En los últimos meses, el Gobierno aceleró el envío de pliegos al Senado y avanzó en la designación de jueces que ya contaban con acuerdo parlamentario, con el objetivo de reducir la cantidad de tribunales federales que hoy operan bajo subrogancia.
El nombramiento de Juan se da, a su vez, en paralelo a otra designación judicial aprobada por el Senado que todavía no fue resuelta: la de María Verónica Michelli. El 4 de junio, la Cámara alta había aprobado su pliego para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, con 44 votos a favor y 18 en contra, a pesar de que el Gobierno había intentado previamente retirar esa candidatura del Congreso.
El Poder Ejecutivo mantenía reparos sobre esa postulación y buscó, sin éxito, frenar la votación en el Senado. Finalmente, la Cámara alta le dio el acuerdo constitucional correspondiente, aunque el proceso aún no se completó.
A diferencia de lo sucedido con Ana María Juan, cuyo nombramiento ya quedó formalizado mediante decreto, el Gobierno todavía no firmó el correspondiente a Michelli, por lo que su incorporación al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata sigue pendiente.
En el ámbito judicial remarcan que se trata de dos situaciones distintas: mientras la designación de Juan respondió a una necesidad operativa concreta planteada por la Cámara Federal de San Martín para cubrir las vacantes de Moreno y Morón, el caso de Michelli sigue en evaluación por parte del Poder Ejecutivo tras la controversia política que generó el tratamiento de su pliego en el Senado.
Con la publicación del Decreto 589/2026, Ana María Juan quedó formalmente incorporada a la Justicia Federal. Su designación apunta a reforzar una jurisdicción clave para la investigación de delitos federales complejos, mientras sigue pendiente la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, creado para ampliar la estructura judicial en el oeste del conurbano bonaerense.
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