La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. Con el fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera la facultad de revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes.
Es la primera vez que el máximo tribunal declara inconstitucional una parte del decreto 70/2023. La sentencia lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El caso llegó a la Corte porque apelaron tanto la prepaga demandada como el Estado nacional.
El caso que llegó a la Corte
La causa empezó con el reclamo de una afiliada cuya cuota subió un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Para ver la magnitud del salto: con la resolución del Ministerio de Salud de la Nación que regía antes, el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido de 6,26%. La Corte confirmó en parte lo que había resuelto la Cámara Federal de La Plata en ese expediente.
El fallo va más allá de este caso. El tribunal todavía tiene cerca de 500 causas similares sin resolver, y este criterio influirá de forma directa en ellas. También podría pesar en los reclamos de otros afiliados en juzgados de todo el país, incluidos los de quienes ya pagaron los aumentos y van a pedir que se les devuelva el dinero.
Qué cambia para los afiliados
Los artículos anulados habían derogado una disposición de la ley 26.682, que regula la medicina prepaga, y habían modificado otra que dejaba bajo supervisión del Estado el valor de las cuotas. Con esas normas otra vez vigentes, la Superintendencia deberá revisar los cambios de precios y asegurarse de que sean razonables. Además, solo podrá autorizar subas que estén justificadas por cambios en la estructura de costos y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Eso no quiere decir que los aumentos queden atados a la inflación. La Corte anuló la parte de la sentencia de La Plata que limitaba las subas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), así que no hay un tope automático. Lo que vuelve es la capacidad de control del organismo, que tendrá que evaluar cada incremento según los criterios de la normativa que volvió a regir.
Por qué el DNU no superó el control
Los jueces recordaron que la Constitución Nacional solo permite al Poder Ejecutivo legislar en casos de rigurosa excepcionalidad. Para dictar un decreto de necesidad y urgencia, el Congreso tiene que estar imposibilitado de sancionar una ley por la vía normal, o tiene que haber una urgencia que no pueda esperar los tiempos de ese trámite. Es la misma doctrina que el tribunal ratificó el 13 de agosto en la causa “Cencosud”.
Con ese criterio, la Corte concluyó que los fundamentos del DNU no justificaban, ni siquiera en lo mínimo, una situación excepcional que permitiera eliminar los controles sobre los precios de las prepagas. Hablar de una “crisis del sistema de salud” o de la necesidad de “aumentar la competitividad” liberando precios no alcanzaba para probar una urgencia de ese tamaño. Tampoco se demostró una relación concreta entre la emergencia económica y social que planteó el Gobierno y la eliminación del control estatal.
El tribunal también remarcó que las razones de conveniencia del Ejecutivo no habilitan a imponer un régimen excepcional. Según la Corte, la Constitución no deja elegir libremente entre tratar una ley en el Congreso y usar el camino más rápido de un decreto. Por último, aclaró que la decisión alcanza solo a los artículos 267 y 269 y que no opina sobre el resto del DNU 70/23.


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