La Cámara Federal de Rosario resolvió que las tres investigaciones abiertas contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, su esposa y el escribano Santiago Busaniche se tramiten en un único juicio oral, que se realizaría en los próximos meses. La decisión lleva la firma de los camaristas Aníbal Pineda y Elida Vidal, quienes además extendieron por seis meses —o hasta que comience el debate— la prisión preventiva del exmagistrado, que seguirá cumpliendo bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La medida respondió a un pedido de los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari, Diego Iglesias, Matías Scilabra y Sergio Rodríguez. Las defensas de Bailaque y de Busaniche rechazaron tanto la unificación como la extensión de la preventiva. En cambio, la defensa de la esposa del exjuez, Graciela Martínez Maulion, no se opuso a un juicio conjunto y planteó que su clienta busca que el proceso se haga cuanto antes para aclarar su situación.
Por qué se unifican los procesos
Para justificar la decisión, los camaristas recordaron que las acusaciones se formalizaron en forma conjunta y que los tres legajos ya habían sido declarados conexos el 19 de noviembre de 2024. Según explicaron, existe una vinculación tanto en los hechos como en las personas involucradas, con un punto en común: las conductas ilícitas que se le atribuyen a Bailaque en su rol de juez federal.
Los magistrados también advirtieron que llevar adelante juicios separados podría demorar el proceso y derivar en sentencias contradictorias. Por eso, en los próximos días se sortearán tres jueces que tendrán a su cargo el juicio oral por la totalidad de las causas, según informó la propia Cámara Federal.
Las acusaciones contra el exjuez
La primera causa surgió de una investigación impulsada por la Procelac, que reunió elementos para atribuirle a Bailaque tres hechos principales. En ellos también aparecen el escribano Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el exjefe de la delegación local de la ex Afip (hoy Arca), Carlos Vaudagna. De acuerdo con la fiscalía, entre mediados de 2019 y el 22 de noviembre de 2024 el grupo coordinó una maniobra para promover actuaciones judiciales y fiscales contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Onetto, con el fin de dañar la reputación de Iglesias y afectar su carrera en empresas del Grupo San Cristóbal. A cambio de no perjudicarlo en una causa penal, le exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima llegó a entregar 160.000 entre octubre de 2019 y marzo de 2022.
El segundo hecho abarca el período entre enero de 2019 y enero de 2025, cuando Bailaque estaba al frente del Juzgado Federal N° 4 de Rosario. Los fiscales sostienen que en ese lapso recibió pagos mensuales de Whpei a través de la mutual Siempre Joven, por un total de 5.719.194 pesos. Esos fondos, según la acusación, se disimularon como el alquiler de un inmueble suyo en Caleta Olivia, Santa Cruz, y fueron declarados como ingresos lícitos ante el fisco y el Consejo de la Magistratura.
El tercer hecho involucra a su esposa. Para la fiscalía, en agosto de 2020 el matrimonio introdujo en el circuito formal dinero de origen ilícito al adquirir, mediante una cesión de derechos, un lote que una constructora tenía en el complejo Vida Barrio Cerrado, de Funes. Por ese terreno pagaron 70.000 dólares en efectivo, un monto que la acusación considera inferior a su valor real, y desde entonces lo ocuparon y administraron. Por este conjunto de hechos, a Bailaque se le imputan prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión y concusión, recepción de dádivas y lavado de activos agravado por su condición de funcionario.
La segunda causa está vinculada a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. Allí se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, por haber tomado decisiones judiciales contrarias a derecho y ocultado de manera deliberada su relación con Whpei, con el objetivo de favorecerlo.
La tercera acusación, presentada en noviembre de 2025, se refiere a su desempeño en las investigaciones sobre la organización criminal del condenado jefe narco Alvarado. En ese expediente también estaba comprendido el contador Gabriel Mizzau, que recientemente cerró un acuerdo de partes. Según la fiscalía, entre 2014 y 2015 Bailaque dictó resoluciones que contradecían las pruebas y los pedidos de los fiscales, lo que paralizó las investigaciones y benefició a Mizzau, amigo personal del exjuez y contador de empresas usadas por la banda. Por estos hechos se le atribuyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y prevaricato, en una actuación que, para la acusación, se apartó a propósito de los deberes de imparcialidad y legalidad que le correspondían como magistrado.
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