Judiciales

Golpe judicial para Tapia y Toviggino: la Corte manda a Rafecas la causa de la mansión de Pilar


La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad el conflicto de competencia en la causa que investiga supuestas irregularidades en la compra de una mansión en Pilar y dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que le había dado la investigación al Juzgado Federal de Campana. Con esta decisión, el expediente pasará al Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py.

La sentencia lleva la firma de los tres integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y representa un revés para el juez de Campana, Adrián González Charvay, que estaba al frente de la investigación. También es un golpe para las defensas de los imputados, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, que habían impulsado que el caso quedara en ese juzgado.

De una compra en Villa Rosa a una presunta red de lavado

La causa investiga una presunta maniobra de lavado de activos. En un primer momento, la sospecha recaía sobre Luciana Pantano y Ana Conte, a quienes se les atribuyó haber comprado, a través de la firma Real Central SRL, un inmueble en Villa Rosa, partido de Pilar, valuado en 17 millones de dólares, sin contar aparentemente con capacidad económica para justificar la operación.

Con el avance de la pesquisa, el objeto de la investigación se amplió mediante sucesivos requerimientos fiscales y se sumaron nuevas personas físicas y jurídicas. La hipótesis actual abarca la creación de sociedades en distintas jurisdicciones, transferencias de fondos, otros inmuebles, circuitos financieros internacionales, 54 vehículos a nombre de Real Central SRL (algunos de colección) y caballos árabes y de pura sangre. Según la sospecha, todas esas operaciones estarían vinculadas con la administración de la AFA y un presunto desvío de fondos.

El recorrido del expediente

La causa pasó por varios juzgados antes de llegar a la Corte. Primero, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 se declaró incompetente y, por decisión de la Cámara del fuero, el caso quedó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10. Más tarde, a pedido de las defensas, el juzgado de Campana reclamó el expediente y la disputa llegó a Casación, que le dio la razón.

Contra esa resolución, el fiscal Mario Villar recurrió ante la Corte Suprema, y el procurador general interino, Eduardo Casal, sostuvo ese planteo. Ambos argumentaron que limitar la investigación a la ubicación de una propiedad en Pilar era desconocer la complejidad real del caso. La Procuración fue tajante al señalar que “no existen puntos de contacto jurídicamente relevantes con la jurisdicción territorial de Campana”.

Por qué la Corte eligió la Ciudad de Buenos Aires

Los jueces coincidieron con ese criterio y explicaron que la investigación va mucho más allá de una compra puntual: incluye la constitución y modificación de sociedades, cesiones de participaciones, ampliaciones de capital y decisiones comerciales que se habrían ejecutado en Buenos Aires. Según el fallo, la hipótesis apunta a una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025 para sacar del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA.

Para fijar la competencia, el tribunal enumeró los vínculos del caso con la Capital Federal: Real Central SRL tenía su sede social en esa ciudad, el contrato de compraventa de la mansión se firmó en un domicilio porteño, la AFA tiene su sede en Viamonte 1366/76, donde se habrían tomado las decisiones sobre el manejo de fondos, y los domicilios del resto de las personas y empresas denunciadas también corresponden a CABA.

La Corte recordó además que el artículo 303 del Código Penal castiga una variedad de conductas, como convertir, transferir, administrar, vender o gravar bienes de origen ilícito. En maniobras complejas de este tipo, esas acciones se encadenan en una serie de decisiones económicas y jurídicas, por lo que definir el juzgado a partir de la ubicación de uno solo de los bienes resultaba “manifiestamente insuficiente”. El fallo también le reprochó a Casación haber ignorado los argumentos territoriales del Ministerio Público, una omisión que consideró decisiva para anular su resolución.

Una línea que se repite en las causas de la AFA

La decisión se suma a otras dos resoluciones recientes del máximo tribunal. El 5 de noviembre, la Corte ya había declarado competente a la justicia nacional penal ordinaria porteña para investigar a dirigentes de la AFA por presuntas irregularidades en el manejo de fondos, en la causa conocida como “Gillette”, y había rechazado el reclamo del juzgado de Campana. En esa oportunidad, la Sala V de la Cámara del Crimen había destacado que la gestión de la entidad tiene su asiento real en Buenos Aires, más allá de que algunas inversiones sospechadas se concretaran en Pilar.

En un tercer expediente, iniciado por una denuncia de Guillermo Tofoni por presunto balance falso en los estados contables de la AFA, la Corte también fijó la competencia en la justicia porteña, al entender que esas omisiones se relacionan con los mismos movimientos investigados en la causa Gillette. Así, los tres fallos trazan un criterio uniforme: todas las investigaciones sobre la conducción de la AFA quedan en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y se descartan los intentos de llevarlas a Campana.

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