Este lunes se dispuso el traslado de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, condenado en la causa “Tragedia de Once 2”, desde el penal de Ezeiza hasta su domicilio en la localidad de Zárate, luego de haberse autorizado el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Además, se le prohibió salir del país.
La defensa, liderada por el abogado Maximiliano Rusconi, apeló la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4, que el 16 de abril había negado la prisión domiciliaria.
Leer también: Rechazan la prisión domiciliaria para Julio De Vido: seguirá detenido en Ezeiza.
La medida implica controles periódicos y queda sujeta a la modalidad que determine el magistrado interviniente. El tribunal federal fundamentó su resolución considerando la multiplicidad de enfermedades crónicas (enfermedad cardiovascular arteriosclerótica difusa, diabetes tipo 2 insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión, antecedentes de ACV) diagnosticadas al exfuncionario, de 76 años, así como el episodio cardíaco sufrido el 1 de abril de este año, que motivó una internación por arritmia y una intervención con angioplastia y colocación de stent.
Frente a este historial clínico, el Cuerpo Médico Forense advirtió que, si el entorno carcelario no cumplía de manera estricta con las recomendaciones médicas señaladas, se incrementaba el peligro de crisis de salud o complicaciones irreversibles. En este sentido, las autoridades judiciales destacaron, según el fallo difundido, que la unidad penitenciaria donde De Vido se encontraba privado de libertad carece de los medios suficientes y apropiados para proveer todas las condiciones recomendadas como imprescindibles.
El exfuncionario cumple una condena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el contexto de la denominada “Tragedia de Once 2”. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 consideró que De Vido no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), pero lo absolvió del delito de estrago culposo, por las muertes y lesiones del accidente.
Seguinos