La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. (Assa) por la contaminación del río Paraná con efluentes cloacales e industriales sin tratar. La decisión llega después de más de dos años de idas y vueltas judiciales y alcanza a los exdirectores Hugo M., Marisa G., Alfredo M. y Darío C., y al exgerente Gustavo A.
Qué determinó la Cámara
Según el fallo, los exfuncionarios permitieron que se volcaran al río unos 350 millones de litros diarios de líquidos cloacales e industriales sin tratamiento previo. Las descargas salían de la Planta de Recepción Emisario Sur, ubicada en Ayolas y la colectora de Circunvalación, y se produjeron, de acuerdo con el tribunal, «de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua» del cauce.
La causa sostiene que esos vuelcos, vinculados a la actividad de camiones atmosféricos, se extendieron entre septiembre de 2018 y octubre de 2021.
El recorrido de la causa
El expediente se originó en una denuncia presentada en 2021 por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, una organización ambientalista que mide los niveles de contaminación de la cuenca.
En mayo de 2024, el juez federal Carlos Vera Barros procesó por primera vez a los cinco exdirectivos. Fue la primera resolución de este tipo en el fuero federal de Rosario.
Sin embargo, esa decisión no se sostuvo. En octubre de ese año, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario la revocó. El argumento fue que Assa es una empresa de servicios públicos y no una «industria» en los términos de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, la norma bajo la cual se los acusaba. Por lo tanto, según ese criterio, los efluentes cloacales no podían considerarse residuos peligrosos.
La intervención de Casación
La Fiscalía y la querella (la parte que impulsa la acusación junto al fiscal, en este caso la asociación ambientalista) apelaron ante la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal federal de mayor jerarquía después de la Corte Suprema.
En octubre de 2025, la Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, les dio la razón. Por unanimidad, anuló la revocación de la Cámara rosarina al entender que había interpretado mal la ley y que esos efluentes sí debían considerarse residuos peligrosos. Con esa indicación, devolvió el expediente a Rosario para que se dictara un nuevo fallo «ajustado a derecho«. Esa nueva resolución es la que ahora confirmó los procesamientos.
Los alcances de la resolución
En el plano penal, es importante aclarar que no se trata de una condena. El procesamiento significa que el tribunal considera que hay pruebas suficientes para sostener la acusación. Con esta confirmación, la causa queda en condiciones de avanzar hacia un eventual juicio oral, donde recién se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
La causa civil y la planta pendiente
El reclamo también se tramita por la vía civil. En ese expediente, la Justicia ya ordenó a Assa, a la provincia de Santa Fe y al Estado nacional construir una planta de tratamiento de efluentes en la zona del Emisario Sur. La obra, estimada en 2023 en 11.735 millones de pesos, todavía no se concretó.
El proyecto sumó un obstáculo en noviembre de 2024, cuando el Gobierno nacional disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), el organismo que tenía previstas las líneas de financiamiento para este tipo de obras.
Ante el incumplimiento, la querella inició un proceso de ejecución de sentencia, que podría derivar en multas, la confiscación de bienes o incluso la ejecución forzosa de la obra por parte del Estado.
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