El conflicto legal por la expropiación de YPF sumó un capítulo clave en los tribunales internacionales. El gobierno de Estados Unidos volvió a manifestar su respaldo a la postura argentina, enviando un memorándum a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para frenar el avance del proceso de discovery (recolección de pruebas) tras la sentencia.
El documento, presentado por el Departamento de Justicia, apoya la moción de emergencia de Argentina para suspender la producción de documentos y la audiencia probatoria prevista para abril de 2026. Según la administración norteamericana, las exigencias de los beneficiarios del fallo son incompatibles con la soberanía de las naciones.
«El proceso de discovery en curso es excesivamente intrusivo y podría generar conflictos diplomáticos al involucrar información sensible de un Estado soberano», sostiene el escrito oficial.
Washington advirtió que permitir este tipo de requerimientos judiciales no solo tensa las relaciones exteriores, sino que sienta un precedente peligroso: abriría la puerta a que tribunales de otros países apliquen medidas similares contra el propio gobierno de Estados Unidos bajo el principio de reciprocidad.
Uno de los puntos más críticos que destaca el memorándum es la solicitud de los demandantes sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central y comunicaciones privadas entre altos funcionarios argentinos.
Para el gobierno estadounidense, estas exigencias violan los principios de «cortesía internacional». El Departamento de Justicia subrayó que los tribunales deben dar «especial consideración» a la postura del Poder Ejecutivo cuando un caso judicial afecta directamente la política exterior y el interés público.
Tras conocerse la noticia, la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, celebró el respaldo de Washington. Desde el organismo aseguraron que continuarán defendiendo los intereses nacionales con «rigor técnico y responsabilidad institucional».
Este apoyo llega en un momento de alivio para la agenda legal argentina. En paralelo, el país logró cerrar otros frentes de conflicto al alcanzar un principio de acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund por la deuda en default de 2001. Este avance permite que el equipo legal concentre toda su energía y recursos diplomáticos exclusivamente en el complejo caso de la petrolera estatal.
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