En declaraciones a Escenario Mercenario, el concejal socialista Federico Lifschitz lanzó una propuesta disruptiva para destrabar el conflicto de la movilidad en la ciudad: suspender por 24 meses todas las multas y penalidades previstas en el Código de Convivencia para conductores de aplicaciones no registradas.
El edil argumentó que la medida busca poner «blanco sobre negro» ante una realidad que ya es parte del día a día de los rosarinos. «Pedimos suspender las penalidades para que el Estado no sancione a ningún conductor de Uber o Didi. De esta forma, los usuarios podrán viajar con total tranquilidad», explicó Lifschitz durante la entrevista radial.
La iniciativa establece condiciones básicas para los conductores de plataformas:
Seguro al día.
VTV (Verificación Técnica Vehicular) aprobada.
Licencia de conducir vigente.
Según el concejal, el debate de «Taxis vs. Uber» es una discusión que «atrasa» y que el resto del mundo ya resolvió. Además, subrayó que hoy existen cerca de un millón de usuarios y 12 mil choferes en estas plataformas en Rosario.
La propuesta ingresa al Palacio Vasallo en un momento de máxima tensión para el servicio público. Mientras el Concejo debate un posible incremento del 30% en la tarifa de taxis, la «familia taxista» muestra fisuras internas:
El ala que exige el aumento: Cámaras como Catiltar, Attyr y Camtar advierten un atraso estructural del 40% al 50% en los costos. Señalan que, desde 2022, el valor de los autos subió un 822%, mientras que la tarifa solo lo hizo un 595%.
El ala que pide cautela: Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), pidió postergar la suba. «Si aumentamos, los viajes van a bajar. Vamos a tener una mayor fuga de pasajeros hacia las apps», advirtió.
El panorama para los taxis es crítico: hay 1.700 unidades caucionadas y una flota envejecida (modelos 2013 a 2015) que los titulares no pueden renovar por falta de crédito y rentabilidad.
Ante este «déficit del servicio público», Lifschitz defendió en Escenario Mercenario la libertad de elección del ciudadano: «La regulación excesiva no contribuye a mejorar la calidad, sino que restringe la innovación y las soluciones que la sociedad ya naturalizó».
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