El Gobierno de Santa Fe aguarda con expectativa la sesión de este jueves en el Senado provincial, donde se tratará la adhesión a la Ley Antimafia. La iniciativa, impulsada por la diputada Ximena Sola (Unidos para Cambiar Santa Fe) y respaldada firmemente por el Ejecutivo, busca dotar a la provincia de un marco legal más severo para combatir el crimen organizado.
Desde el inicio de su gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro ha liderado el pedido de reformas criminales profundas. Cabe recordar que tanto el mandatario como su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, participaron activamente en los debates en el Congreso Nacional, exponiendo la experiencia santafesina como argumento para la necesidad de esta ley.
En declaraciones a la prensa, el ministro Cococcioni fue tajante respecto al impacto de la normativa: “La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”. Además, señaló que este cambio de paradigma busca dejar atrás un sistema que resultó insuficiente: “El garantismo le hizo mucho daño al país”, sentenció.
La adhesión a la Ley Antimafia no es solo un gesto simbólico, sino que introduce cambios operativos críticos:
Agravamiento de penas: El foco ya no está solo en el autor material (quien aprieta el gatillo), sino en toda la cadena de mando, incluyendo a quienes organizan y dirigen las redes.
Golpe al financiamiento: Permite avanzar de forma directa sobre los bienes y los recursos económicos de las organizaciones.
Técnicas especiales de investigación: Se profundiza el uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia para desarticular estructuras complejas.
Coordinación Multiagencial: Se establece un esquema de trabajo más robusto entre la Justicia provincial, la Federal y las fuerzas de seguridad.
Resguardo de competencias: El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia santafesina mantienen su autonomía operativa en el territorio, pero con mayores mecanismos de articulación nacional.
Desde el Gobierno provincial reiteran que la ley representa un quiebre con el modelo anterior. El objetivo es pasar de una persecución individual del delito a una intervención integral que ataque la planificación, la logística y, fundamentalmente, el poder económico de las mafias que operan en la región.
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