El Senado aprobó ayer, tras 12 horas de debate, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 37 votos afirmativos y 33 negativos. Para conseguir los apoyos necesarios, el oficialismo debió eliminar el capítulo que impulsaba cambios al régimen de tierras rurales y, durante la sesión, también retiró el capítulo sobre modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
El oficialismo había intentado en varias oportunidades avanzar con la iniciativa completa, sin lograr las mayorías necesarias, pese a que La Libertad Avanza había accedido a modificar distintos puntos, entre ellos los primeros cambios a la Ley de Tierras.
El proyecto, impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, propone modificaciones en el régimen de expropiaciones, en los procesos de desalojo y reformas a diversas leyes vinculadas a la propiedad. Según el texto, el objetivo es «eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad» y «fortalecer su protección». Ahora el proyecto deberá tratarse en Diputados.
Más límites para el Estado en las expropiaciones
La Ley 21.499, vigente desde 1977, exige el principio de «utilidad pública» para habilitar una expropiación. El proyecto endurece esa definición: la declaración deberá identificar de forma concreta el fin perseguido, y la expropiación deberá ser idónea, necesaria y proporcional.
También se modifican las indemnizaciones: se incorpora el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación, se fija el valor del bien previo a la intervención estatal y se actualiza por inflación más una tasa de interés. Además, el bien no pasará al Estado hasta que la indemnización esté pagada íntegramente, las indemnizaciones quedan exentas de impuestos y gana peso el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Se cayó la reforma a la Ley de Barrios Populares
El proyecto original proponía derogar artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y habilitar desalojos inmediatos. Sin embargo, ese capítulo fue eliminado durante el debate: se mantienen los alcances actuales de la ley, que suspende los desalojos en barrios populares hasta octubre de 2032 y declara de utilidad pública esas tierras para su expropiación y regularización por parte del Estado nacional.
Desalojos más rápidos y trámites simplificados
La reforma modifica el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación para acelerar los desalojos, facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante.
El cambio más estructural es el paso al trámite sumarísimo —el más breve del Código Procesal— y la eliminación de la caución real como requisito para la desocupación inmediata, que se reemplaza por una declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial. Además, el plazo para intimar al inquilino antes de demandar por falta de pago, que el proyecto original fijaba en 3 días, se extendió en el Senado a 10 días. También se impulsa una mayor digitalización de los trámites registrales.
Tierras rurales: el capítulo que quedó afuera
El proyecto proponía modificar la Ley de Tierras Rurales, que hoy limita al 15% la tierra en manos de inversores extranjeros (a nivel nacional, provincial o municipal), fija que ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese porcentaje y prohíbe que un mismo titular extranjero tenga más de 1.000 hectáreas en zona núcleo.
La iniciativa original eliminaba esas restricciones, aunque el dictamen del Senado optó por darles a las provincias la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de tierras a extranjeros en su jurisdicción. Ante las resistencias de la oposición, la senadora Patricia Bullrich (LLA) había propuesto días antes ampliar el límite provincial al 25% en lugar de eliminarlo. Pese a esos cambios, el oficialismo no logró los apoyos necesarios y terminó retirando todo el capítulo de tierras rurales para poder avanzar con el resto del proyecto.
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