El titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, atravesó un momento incómodo poco antes de regresar a la Argentina junto a parte del plantel que disputó el último Mundial. Agentes del FBI lo retuvieron en el aeropuerto JFK de Nueva York y le pidieron que entregara sus celulares y otros dispositivos electrónicos.
Según fuentes locales que confirmaron lo ocurrido, los investigadores también incautaron computadoras y teléfonos de otros miembros de la delegación que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971, operado por Aerolíneas Argentinas. El despegue, previsto originalmente para las 6:00, se concretó recién cerca de las 8:15, lo que retrasó la llegada del plantel subcampeón mundial a Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban para festejar la actuación del equipo en la Copa del Mundo.
Por su parte, la AFA emitió un comunicado a través del abogado Gregorio Dalbón desmintiendo el operativo. «Es rotundamente falso», sostuvo el letrado, y remarcó que «ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar».
Cabe destacar que ni Lionel Messi ni Rodrigo De Paul formaban parte del grupo que viajó junto a Tapia. El capitán argentino arribó al país un día más tarde, en su avión privado, y se instaló en su casa de Rosario junto a su familia.
Tapia deberá declarar ante la Corte del distrito sur de Florida, además de aportar toda la información en su poder vinculada a Tourprodenter, incluyendo sus comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. Los cuatro son investigados en una causa centrada en el esquema financiero empleado para gestionar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, a cargo de Faroni, es una firma radicada en Florida que actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos televisivos.
El origen de la pesquisa
La investigación que derivó en el secuestro de dispositivos electrónicos comenzó a gestarse durante el propio Mundial. Mientras Tapia y la cúpula dirigencial acompañaban a la Selección en suelo estadounidense, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia ya empezaban a reconstruir las operaciones realizadas a través de la estructura financiera de la entidad, que involucran fondos por más de 300 millones de dólares.
Uno de los primeros movimientos conocidos fue la citación al empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio judicial contra la AFA y denunció el funcionamiento de ese circuito comercial. El encuentro, realizado en persona en Miami, duró más de dos horas y buscó recabar información sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades con sede en Estados Unidos.
La causa está a cargo de tres fiscales federales especializados en delitos económicos: Patrick Gushue y Christopher Ting, con base en Washington, y Michael Berger, de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger tiene trayectoria en causas de lavado de activos.
Hasta el momento, las medidas conocidas no implican imputaciones formales ni la apertura de una causa penal. Los fiscales se encuentran en una etapa preliminar orientada a trazar el recorrido completo del dinero, identificar a las personas y empresas involucradas, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y evaluar si alguna operación podría constituir delito bajo la ley estadounidense.
El rol de Tourprodenter
El eje de la investigación es Tourprodenter LLC, la firma de Faroni y su esposa, Erica Gillette, designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para el cobro de los contratos internacionales de la AFA. La compañía quedó a cargo de recibir los ingresos generados por patrocinadores, derechos comerciales, amistosos y otros negocios ligados a la Selección, además de cobrar comisiones por su gestión y por la logística de las operaciones.
La documentación bancaria reunida en procesos judiciales en Estados Unidos reveló que el dinero circuló por múltiples cuentas: Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solo a través de esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de empresas vinculadas a contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.
Los registros mostraron que parte de esos fondos permanecía apenas 24, 48 o 72 horas en las cuentas antes de ser derivada a otros destinos. Además de pagos por logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, se detectaron transferencias millonarias hacia sociedades con escasa o nula actividad comercial verificable, como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solo desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800.
Varias de esas firmas compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida, y algunas fueron disueltas o dejaron de operar una vez que las maniobras comenzaron a hacerse públicas. La dispersión de los fondos entre distintos bancos, sumada al uso de numerosas sociedades y a la sucesión de transferencias cruzadas, complicó la tarea de rastrear el origen y destino final del dinero.
Gran parte del material analizado por las autoridades surgió de procesos de discovery autorizados por tribunales estadounidenses en el marco de las demandas iniciadas por Tofoni contra la AFA. Esa documentación dejó de ser solo prueba en una disputa comercial para pasar a ser examinada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI, con el objetivo de determinar si corresponde avanzar hacia una investigación de carácter penal.
En ese marco, el secuestro de teléfonos, computadoras y demás dispositivos electrónicos de Tapia y de otros integrantes de la comitiva constituye un nuevo avance institucional dentro de la causa. La medida busca preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan cruzarse con los movimientos bancarios, la documentación societaria y los testimonios ya recabados por las autoridades federales.
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