Este jueves, el Senado de Santa Fe dará media sanción al proyecto de ley que se propone erradicar la actividad de los cuidacoches en la provincia. La normativa, fruto de intensas negociaciones entre el legislativo y el Ejecutivo, busca modificar el Código de Faltas para penalizar la práctica, aunque delega en los intendentes la decisión final sobre cómo restringirla en sus distritos.
El núcleo del proyecto unifica propuestas previas y otorga a la Policía santafesina las herramientas legales para actuar de oficio. Hasta ahora, la falta de un marco contravencional claro limitaba la capacidad de intervención frente a quienes ocupan el espacio público para el cobro por estacionamiento.
Tras una cumbre clave con los ministros Fabián Bastía (Gobierno), Pablo Olivares (Economía), Pablo Cococcioni (Seguridad) y Victoria Tejeda (Desarrollo Humano), el oficialismo ratificó que no se puede aplicar una norma «homogénea» para toda la provincia. «Es un fenómeno complejo que trasciende lo policial», coincidieron los funcionarios.
El senador radical Rodrigo Borla, presidente de la bancada oficialista, detalló la escala de sanciones prevista:
Trabajo comunitario: De 2 a 10 días para quienes ejerzan la actividad en zonas prohibidas.
Arresto: De 10 a 20 días en casos de reincidencia o si se detectan situaciones de violencia y extorsión.
Agravantes: Las penas podrán incrementarse según el horario, el género de la víctima o la reiteración de la falta.
Pese al alcance provincial de la ley, el impacto real se sentirá en las grandes ciudades. En Rosario, la gestión de Pablo Javkin ya manifestó su conformidad, aunque aceptó que será necesario sancionar una ordenanza local para reglamentar la prohibición.
Al respecto, la presidenta del Concejo de Rosario, María Eugenia Schmuck, pidió cautela y aclaró que la solución no será «de un día para el otro». La estrategia local apunta a un abordaje progresivo en zonas críticas como Pichincha, Avenida Pellegrini, el Paseo del Siglo y la costa central, combinando el control policial con programas de reinserción laboral desde el área de Desarrollo Humano.
Actualmente, el debate se concentra en los grandes centros urbanos que albergan al 60% de los santafesinos, mientras que otras ciudades, como Rafaela, ya cuentan con decretos u ordenanzas propias que prohíben la actividad.
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