La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en Diputados para convertirse en ley.
La votación se realizó con el quórum justo y contó con el respaldo de todos los senadores presentes, incluidos los peronistas Alcides Calvo y Rubén Pirola. Además, desde ese espacio político realizaron aportes al proyecto durante su tratamiento legislativo.
“Sentíamos la necesidad de abrir el diálogo para que todos los bloques puedan hacer su aporte y que el proyecto sea aprobado por unanimidad, a pesar de que haya miradas distintas”, sostuvo Felipe Michlig, de Unidos, presidente provisional del Senado.
El legislador explicó que la iniciativa fue analizada en una reunión con ministros, senadores y diputados, además de los intercambios mantenidos con integrantes del bloque del Partido Justicialista.
La propuesta había sido anunciada en septiembre por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini. Uno de sus principales objetivos es establecer un marco regulatorio para el uso de dispositivos de protección, como las nuevas tobilleras duales. También busca dejar explícita la obligación de las autoridades judiciales de todos los fueros de actuar de manera ágil y efectiva ante situaciones de violencia de género.
El proyecto incorpora mecanismos de prevención, asistencia y seguimiento, con medidas de protección diferenciadas según la gravedad de cada caso. Para ello, propone clasificar las situaciones en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico. Además, establece la obligatoriedad de que los agentes del Estado intervengan de manera inmediata, con prioridad en el resguardo de la víctima.
En un contexto de preocupación por el aumento de los femicidios en la provincia, la iniciativa también pone el foco en las tareas y responsabilidades de los jueces frente a las denuncias y situaciones de violencia. Tras la aprobación en el Senado, el texto deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo antes de una eventual sanción definitiva.
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