El Gobierno nacional reglamentó el procedimiento para que los hospitales administrados por el Estado Nacional cobren las prestaciones de salud a extranjeros que no tengan residencia en el país. La medida fue implementada por el Ministerio de Salud y retoma uno de los puntos establecidos en la reforma migratoria impulsada en 2025.
La nueva normativa establece que los extranjeros con residencia permanente mantienen el mismo acceso al sistema de salud nacional que los argentinos, siempre que acrediten su condición migratoria mediante el DNI.
En cambio, para quienes no sean residentes se establecieron dos mecanismos de pago. Si la persona cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturarle directamente a la compañía aseguradora el costo de la atención. En caso de que no tenga cobertura, deberá abonar previamente la prestación médica.
Las emergencias seguirán siendo atendidas
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es que las emergencias médicas continuarán siendo atendidas sin restricciones, independientemente de la situación migratoria del paciente.
La normativa contempla como emergencias aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o las funciones vitales, entre ellas infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales.
En estos casos, la atención no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos. Sin embargo, una vez superada la emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser cobradas al paciente o a su aseguradora, según corresponda.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que el objetivo de la resolución es unificar el procedimiento en los hospitales nacionales y establecer reglas para recuperar los costos de las prestaciones brindadas a extranjeros no residentes.
La implementación concreta quedará en manos de cada hospital, que deberá establecer el mecanismo correspondiente para realizar el cobro.
La medida forma parte de la política migratoria impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que comenzó con la reforma establecida mediante el DNU 366/2025. Entre otros cambios, aquella normativa incorporó nuevos requisitos para ingresar al país y condiciones más exigentes para acceder a la residencia permanente.
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