Claudia Insaurralde, actual pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida el lunes por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando estaba a punto de abordar un vuelo hacia Río Gallegos. La Justicia sospecha que intentaba abandonar Buenos Aires para evitar quedar involucrada en una investigación por narcotráfico y lavado de activos. Durante el procedimiento, le secuestraron cuatro valijas grandes y también fueron detenidas otras dos personas.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate. Los investigadores seguían los movimientos de los sospechosos desde hacía varias semanas, pero decidieron acelerar el operativo luego de que Aerolíneas Argentinas informara que los tres habían comprado pasajes. El juez federal Claudio Vázquez ordenó las detenciones, que estuvieron a cargo de Prefectura Naval con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Tras las detenciones, se realizaron 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, en propiedades vinculadas a Báez. Los procedimientos incluyeron viviendas particulares, estancias, comercios, dos inmobiliarias y un lavadero de autos. También fue allanada la celda del empresario en el penal de Ezeiza, donde quedó incomunicado.
¿De qué investigan a Lázaro Báez?
La causa busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista. Según la investigación, la actividad se desarrollaría al menos desde diciembre de 2025 y la distribución de la droga estaría a cargo de dos hombres.
Uno de ellos sería un colaborador de extrema confianza de Báez, señalado como presunto líder de la banda narco y una de las personas detenidas junto a Insaurralde. Este hombre tendría antecedentes en otra investigación por narcotráfico y contactos en distintos puntos de la Patagonia.
A partir de esos indicios, la Justicia abrió una segunda investigación para determinar si Báez encabezaba una organización dedicada a administrar y poner en circulación activos de origen ilícito desde la cárcel. Los investigadores sospechan que el empresario habría continuado operando desde el penal de Ezeiza, mediante bienes que presuntamente fueron ocultados para evitar que fueran alcanzados por las condenas que pesan sobre él.
Uno de los principales elementos probatorios son las escuchas judiciales de conversaciones entre Báez y su presunto colaborador. También se habrían encontrado anotaciones en las que este último registraba detalles de las operaciones investigadas.
El punto de conexión entre ambas causas sería precisamente ese hombre de confianza, quien aparece vinculado tanto a la presunta organización narcotraficante de Santa Cruz como a la estructura que habría utilizado Báez para movilizar activos de origen ilícito.
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