El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) abrió este martes en Hamburgo las audiencias por el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Las posiciones quedaron enfrentadas desde el comienzo. La delegación argentina sostuvo que explotar de forma unilateral los recursos de un área en disputa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, en cambio, cuestionó la competencia del tribunal y defendió el derecho de los isleños a aprovechar sus recursos naturales.
La exposición de apertura estuvo a cargo del embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente de la República Argentina en el caso. Ante los 21 miembros del tribunal, aclaró que el país no busca que el TIDM se pronuncie sobre la soberanía de las islas. Lo que pide es que se ordene cumplir con las obligaciones vinculadas a la explotación de recursos mientras el fondo de la controversia se resuelve en un tribunal arbitral, previsto en el Anexo VII de la Convemar.
En el Gobierno nacional el clima es de entusiasmo. El presidente Javier Milei compartió con los integrantes de su gabinete un mensaje en el que celebró la foto de la delegación argentina completa que viajó a Alemania, remarcó que el objetivo es frenar la explotación petrolera en el archipiélago y aseguró que su gestión trabaja la causa Malvinas como ninguna otra en la historia.
Los argumentos de la Argentina
La estrategia jurídica del Gobierno se apoya en dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La primera es la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía. La segunda, la 31/49 de 1976, instó a ambas partes a no tomar decisiones unilaterales mientras el conflicto siga abierto. Según Oyarzábal, medio siglo después está por ocurrir justamente lo que esa resolución buscaba evitar.
La solicitud fue presentada el 13 de octubre con base en el artículo 290 de la Convemar y contiene cuatro pedidos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación de Sea Lion, que no otorgue nuevos permisos en la zona, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino.
Frente al argumento británico de la autodeterminación, Oyarzábal fue tajante. Sostuvo que los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa y trazó una distinción: la Argentina reconoce sus intereses y sus derechos humanos, pero considera que eso no les da la facultad de definir a qué Estado pertenecen las islas. Esa cuestión, insistió, debe resolverse entre los dos gobiernos, como lo estableció la Asamblea General de la ONU.
El embajador también puso el foco en los riesgos ambientales. Recordó que en abril de 2015 falló un preventor de reventones en un pozo de exploración ubicado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento. Además, citó el plan de contingencia de una de las empresas licenciatarias, que estimaba en un 30% la probabilidad de que el crudo de un eventual reventón en Sea Lion llegara a aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. En ese escenario, advirtió, las consecuencias las sufriría la Argentina y no un Estado ubicado a 12.700 kilómetros de distancia.
Otro de los puntos que planteó fue el vínculo entre el petróleo y la presencia militar británica. Oyarzábal mencionó documentos de 1991 en los que el entonces ministro de Hacienda del Reino Unido sostenía que los ingresos fiscales del crudo debían ir al Tesoro británico. Desde entonces, agregó, Londres repitió que las autoridades de las islas pretenden compartir esos fondos para compensar los gastos de defensa del archipiélago, algo que fue confirmado en julio de 2026.
El eje central del planteo argentino fue la irreversibilidad. Los hidrocarburos son recursos no renovables, su extracción es definitiva y ninguna indemnización podría devolver las cosas a su estado anterior. “El petróleo, una vez extraído, no puede ser devuelto”, resumió Oyarzábal, quien también señaló que la información obtenida en la exploración nunca podrá retirarse. El inicio de las perforaciones está previsto para enero de 2027, con la plataforma semisumergible Noble Endeavour ya contratada.
La réplica británica
La defensa del Reino Unido estuvo encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, al frente de un equipo de seis abogados. Reeves sostuvo que las medidas pedidas por la Argentina tendrían consecuencias devastadoras y les impedirían a los habitantes de las islas explotar los recursos de su territorio, algo a lo que, según su postura, tienen derecho en virtud de la autodeterminación. También advirtió que el archipiélago podría perder miles de millones de libras en ingresos clave para su desarrollo y que el proyecto no resistiría una suspensión.
La funcionaria rechazó de plano el reclamo argentino de soberanía, aunque aseguró que Londres siempre se mostró dispuesto a dialogar y a cooperar en temas de interés común en el Atlántico Sur. En contraste, acusó a la Argentina de haber endurecido su retórica en las últimas semanas.
Reeves además cuestionó la coherencia de la posición argentina. Recordó que el país autorizó y llevó adelante la perforación de más de 400 pozos en el mar argentino, y planteó que, si la preocupación ambiental fuera genuina, Buenos Aires podría haber participado en las consultas sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto en 2024. A su entender, lo que la Argentina busca en realidad es quedarse con el control de esos recursos. También mencionó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó mantener el estatus británico, con una participación del 92%.
La discusión por los plazos
Uno de los puntos más disputados fue la urgencia, requisito clave para que el tribunal dicte medidas provisionales. Reeves afirmó que la Argentina no la demostró, ya que el tribunal arbitral quedará constituido antes de que empiece cualquier perforación. Agregó que en la zona se perfora desde 1998 y que el país no explicó por qué, 28 años después, la situación pasó a ser urgente.
En la misma línea, Sir Michael Wood, también integrante de la delegación británica, precisó que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción no arrancará antes de marzo de 2028. Según su planteo, es tiempo de sobra para que el tribunal arbitral esté en funciones. Además, recordó que ambas partes ya designaron a sus árbitros y que las consultas para nombrar a los tres miembros restantes estaban previstas para el 12 de noviembre en Hamburgo.
Sobre el impacto económico, Oyarzábal respondió que si Sea Lion soportó seis años de estancamiento entre 2016 y 2022 y una demora total de diez años, también puede sobrevivir a una medida temporal. Y sumó un dato: según el Informe Anual 2025 de Navitas, los prestamistas del proyecto cuentan con una póliza de seguro contra riesgo político por 1.000 millones de libras.
Quiénes integraron las delegaciones
La delegación argentina estuvo encabezada por Oyarzábal, junto a María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, jefa de la misión argentina en Alemania. También participaron Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y el asesor Agustín Giustiniani. Por la Procuración del Tesoro estuvieron Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya, y por Cancillería, Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez.
Un rol clave en la exposición lo tuvo el asesor externo Marcelo Kohen, que ya representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, cuando este mismo tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque. Del lado británico, además de Reeves, estuvieron los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, y funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general del archipiélago, y Jack Ford, miembro de su Asamblea Legislativa.
Qué puede pasar y cuándo se conocerá el fallo
El caso tiene una particularidad técnica que define el alcance de estas audiencias. El Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para resolver controversias de la Convemar, mientras que la Argentina optó por el TIDM. Como esas elecciones no coinciden, el fondo del conflicto deberá definirse en un arbitraje del Anexo VII, y el TIDM solo puede intervenir para dictar medidas provisionales mientras ese tribunal se conforma.
El Gobierno nacional analiza tres escenarios. En el primero, el tribunal acepta el planteo completo y ordena al Reino Unido frenar la actividad; Londres ya se comprometió a acatar una eventual orden, lo que paralizaría la explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral. En el segundo, el TIDM da lugar a una parte de los argumentos argentinos. El tercero, que los especialistas consideran muy poco probable, es que rechace el pedido por entender que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.
La decisión sobre las medidas provisionales se conocería alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el tribunal la postergue hasta la semana siguiente.
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